Casi 9.000 zamoranos en una situación de especial vulnerabilidad por sus escasos o reducidos ingresos económicos, jubilados con pensiones bajas o consumidores en situación precaria, entre otros factores, disfrutaron en 2018 del bono social que les permite pagar un recibo por el uso de energía eléctrica a un coste inferior en un 40% al ordinario, según los datos facilitados por fuentes del sector hidroeléctrico. Un número inferior al registrado durante el ejercicio de 2017, cuando la cifra se aproximó a los 13.000, lo que implica que hubo un descenso de entorno al 31% de ciudadanos que pudieron acogerse a esta ayuda, creada en 2009 por el Gobierno central para aplicar un descuento sobre la factura de electricidad para quienes puedan considerarse como "consumidores vulnerables", apuntan esas mismas fuentes. Los requisitos son que el usuario reciba una renta anual menor o igual al 50% de los umbrales establecidos para ser consumidor vulnerable, incluyendo, en su caso, el incremento previsto para los casos en los que concurran "circunstancias especiales"; si es una familia numerosa, la unidad familiar debe percibir una renta anual equivalente a dos veces el Iprem de 14 pagas, es decir, 15.039 euros; si el consumidor o integrantes de la unidad familiar perciben pensión mínima, y no otros ingresos cuya cuantía agregada anual supere 500 euros, la renta no puede superar en cualquiera de los casos los 7.520 euros.