La identificación de pozos ilegales y de prospecciones que supongan algún tipo de peligro para las personas se ha convertido en una prioridad del Gobierno, después de la trágica muerte del peqqueño Julen, el niño que se preciipitó a uno de estos sondeos en una finca de la localidad de Totalán (Málaga). Aunque en la provincia, la Confederación Hidrográfica del Duero ya había insistido a los propietarios sobre la "obligación" de asegurar el acceso a los pozos, la Subdelegación estatal en Zamora ha llamado a todos -instituciones, Guardia Civil y ciudadanos- a colaborar para "identificar" dichas prospecciones y poder establecer acciones para su seguridad.
De un legado, para la Subdelegación es "un prioritario, una cuestión de seguridad ciudadana" localizar los sondeos, en una compleja tarea de engrosar el censo, donde solo hay constancia de 900 pozos, 600 inscripciones y 300 concesiones. La realidad, muy distinta, sitúa la cifra real en más de 13.000. Con este fin, el subdelegado Ángel Blanco llama a las instituciones y a la Guardia Civil a colaborar en esta tarea, en la que también implica a los propios ciudadanos, a los que les pide que comuniquen la existencia de estas prospecciones.
Tal y como ha manifestado Blanco, "no sabemos el número de pozos existentes en la provincia, no sabemos lo que hay con anterioridad a 1986, ni desde esa fecha hasta 2014". La Subdelegación es partidaria de "usar todos los medios, tanto de la Confederación Hidrográfica del Duero, como de la Junta de Castilla y León y de la Guardia Civil" para identificar elementos ilegales.
Blanco ha hablado, asimismo, de la implicación de los ayuntamientos, "porque esta es una cuestión de seguridad, hay que saber el número exacto y después indagar la titularidad" y así poder tomar medidas. Puede darse el caso -precisó el titular del Estado en Zamora- de que "el propietario ni siquiera sepa de que se ha practicado un pozo en su terreno".
Cercanía a la sociedad
Desde la Confederación se había instado ya a la colaboración de los ciudadanos para proceder al tapado y vallado oportuno, debido al peligro potencial que encierran este tipo de obras en el subsuelo. Para la Subdelegación del Gobierno, la implicación de las instituciones es vital, debido su cercanía con los ciudadanos. "Se trata de hacer un esfuerzo entre todos para tratar de velar por la seguridad de los ciudadanos y los animales, por eso es necesario tratar de hacer un censo y conocer el número", ha añadido Blanco García. El accidente de Málaga ha activado todos los protocolos al respecto, después de la preocupación que el caso de Julen ha generado en el país.
