Tras la aprobación la pasada semana en el Consejo de Ministros del proyecto de ley para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE), con el que también se pretende derogar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), los procuradores del PP presentarán en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley en defensa de la educación en general y de la concertada y especial en particular.

La procuradora del PP por Zamora, Isabel Blanco, apuntó que esta aprobación de la reforma de la ley educativa "nace de un no pacto educativo y de un no acuerdo con nadie. El PSOE ha apostado por una reforma de manera unilateral, sin contar ni con los sindicatos ni con las comunidades autónomas", denunció, al tiempo que aseguró que esta medida hará que se tienda hacia la desaparición de la educación concertada, que en Zamora congrega a más de 5.000 alumnos y medio millar de profesores.

"El PSOE lo que va a provocar es un ERE para estos 500 docentes de la concertada, así como el cierre de centros de educación especial". En estos últimos estudian en Zamora 67 alumnos. Además, Blanco recordó que precisamente Castilla y León cuenta con un sistema educativo de calidad y equidad "avalado por todos los informes educativos".

En concreto, el grupo parlamentario popular de las Cortes de Castilla y León presentará una Proposición No de Ley para su debate y posterior votación ante el Pleno por la que se instará a la Junta "que se mantenga y se ponga en valor la red de centros educativos sostenidos con fondos públicos de nuestra comunidad, para asegurar un adecuado ejercicio del derecho a la educación, a la libertad de enseñanza y de creación de centros, como un pilar más sobre el que se asienta una educación de calidad".

Por otra parte, también se dirigirá al Gobierno de España para solicitarle varios puntos. El primero, en relación con el anteproyecto de ley de reforma educativa para que "mantenga el modelo educativo actual en el que la educación concertada es complementaria a la pública, no subsidiaria, garantizando así el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, recogido en el artículo 27 de la Constitución Española", se recuerda.

Por otra parte, desde el PP también se le solicitará al Gobierno socialista que asegure, con las modificaciones normativas que en su caso procedan, "que las aportaciones realizadas por las familias a los centros educativos concertados mantengan la consideración de donaciones deducibles a los efectos del IRPF, cuando las mismas no conlleven contraprestación alguna por parte del donatario".

En último lugar, esta Proposición No de Ley que se presentará en las Cortes también se refiere a la educación especial. En este caso, se solicita que se garantice a los padres de menores con discapacidad "conserven su derecho a elegir su escolarización en centros educativos especiales o centros ordinarios, desde una obligada apuesta por la educación inclusiva que debe orientarse, de cara al futuro, a la búsqueda e incorporación de nuevas fórmulas organizativas y de escolarización que garanticen tanto la inclusividad como la atención específica y especializada a las necesidades de cada alumno", finaliza.