Policía Nacional, Guardia Civil y jueces tendrán que esperar hasta las doce del mediodía desde hoy y hasta el domingo, día 24, para poder tomar declaración a los detenidos, ya que los abogados del turno de oficio de Zamora inician los paros de 9.00 a 12.00 horas anunciados para febrero, marzo y abril. Exigen así que se equiparen sus retribuciones a las de comunidades autónomas como la de Madrid, donde sus colegas cobran un 70% más por cada procedimiento judicial de Justicia Gratuita, financiada íntegramente por el Ministerio de Justicia. El día 20 celebrarán una concentración ante el Palacio de Justicia. Los paros volverán a retomarse del 18 al 24 de marzo, con una concentración el día 20; y del 22 al 28 de abril, con concentración el día 24, de acuerdo con la información facilitada por el Colegio de Abogados. Los abogados de oficio han colocado carteles en el Palacio de Justicia y en la Audiencia Provincial con el eslogan "Turno de oficio digno" para dar a conocer entre los ciudadanos su malestar y su lucha que ya el año pasado se puso de manifiesto con movilizaciones. El Ministerio, además, continúa sin aumentar en el 30% prometido las retribuciones, que llevaban desde 1996 congeladas, agravio respecto de las comunidades autónomas con competencias en Justicia por cada caso 600 euros, 400 más que en Zamora, como ocurre en Madrid.

En días pasados, su portavoz, Gabino Carro Espada, declaraba que los letrados adscritos al turno de Justicia Gratuita "no podemos seguir haciéndonos cargo de procedimientos abiertos durante varios años cobrando unos honorarios que están 50 veces por debajo de los que se factura cuando la causa se lleva de pago".

El también integrante de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados incidía en la desconfianza reinante respecto de las mejoras económicas prometidas, los retrasos en sus emolumentos siguen sin subsanarse, ya que el Ministerio continúa sin abonar las cantidades mes a mes. Otras reivindicaciones tienen que ver con la conciliación de la vida familiar y la laboral. El colectivo profesional solo logró que Justicia reaccionara cuando anunció una huelga general, tras movilizarse el año pasado para exigir el pago de la deuda acumulada por los servicios prestados, que superaron el medio año. El Ministerio pagó en mayo de 2018 las cantidades pendientes de abono desde septiembre de 2017 hasta esa fecha. Los letrados perciben por un procedimiento penal 200 euros (menos el 15% del IRPF), frente a aproximadamente los 1.000 euros que cobran cuando el cliente les contrata.