El zamorano condenado por la Audiencia Provincial a 30 años y cuatro meses de prisión por violar y abusar de su hija mayor durante varios años (desde que la niña tenía 12 años y hasta los 18) y por abusar de la pequeña, menor de edad, acaba de pedir la excarcelación hasta que el Tribunal Supremo confirme estas penas, ratificadas por el Superior de Castilla y León el 23 de noviembre.
La solicitud del vecino de Zamora, de iniciales I.B.R., se produce al cumplirse este mes los dos años máximos de prisión provisional que establece la Ley desde que se detiene a un acusado hasta que se celebra el juicio. Y la formula a través de un recurso contra la decisión de los magistrados de la Audiencia que prorrogaron durante 10 años más la prisión provisional del condenado para impedir que abandonara el centro penitenciario de Topas antes de que el Supremo decida si, como se espera, confirma la sentencia que le mantendrá 30 años recluido y con una orden de alejamiento de sus hijas durante años tras abandonar la cárcel.
La Audiencia está tramitando la petición, para lo que ya ha remitido la solicitud del condenado por violación a la Fiscalía Provincial y la acusación particular para que estudien el escrito y realicen sus consideraciones sobre esta pretensión e informen a los magistrados. La documentación se remite al TSJ para que determine si debe revocarse la prórroga de prisión provisional.
El TSJ ya desestimó el recurso de I.B.R. contra la sentencia que condenatoria por dos delitos continuados contra la libertad sexual de su hija mayor (agresión y violación), cometido bajo amenazas de muerte y agresiones físicas para conseguir sus fines. Los magistrados sostienen que los abusos a los que sometió a su vástago hasta la mayoría de edad pasaron a ser violaciones, con gran periodicidad, cuando supo que la joven había perdido la virginidad con su pareja. Mantiene, pues los 8 años y 9 meses de prisión por los abusos; mientras que por las violaciones impone 13 años y 7 meses. Los abusos sexuales de forma continuada a su hija pequeña conllevan una pena de 8 años de cárcel.
