Habrá que esperar para conocer el nombre de los catorce nuevos asistentes sociales de la Diputación de Zamora. La institución provincial se ha visto obligada a posponer las oposiciones de la fase de concurso por vulnerar el acceso al régimen funcionarial en condiciones de igualdad.

El fallo, hecho público ayer por el PSOE, responde al recurso presentado el 9 de julio del pasado verano por una de las 320 personas aspirantes a las catorce plazas de asistente social ofertadas por la Diputación y recogidas en el Boletín Oficial de la Provincia tan solo dos meses antes, el 9 de mayo. La demandante entendía que las bases de la convocatoria debían conceder el mismo tratamiento a la experiencia laboral aunque esta no fuera en calidad funcionarial. Y es que, tanto para el proceso de consolidación de empleo temporal como para las plazas de cupo general, las bases establecían que únicamente se iban a valorar como experiencia y méritos los trabajos realizados como personal funcionario en la Administración pública, desestimando, por ejemplo, los trabajos realizados como personal laboral.

De hecho, de los 40 puntos de la fase de concurso, 35 eran de experiencia (y únicamente como funcionario público). Además, el tiempo de servicios prestados en la Diputación en puestos de naturaleza funcionarial de la misma categoría a la convocada se ponderaban a razón de 0,25 puntos por cada mes de servicio frente a los exiguos 0,05 puntos por las labores desempeñadas en otra Administración pública. Un baremo "discriminatorio" que ponía en "clara desventaja" a las personas que no tuvieran una experiencia funcionarial o incluso aquellas que sí la tuvieran pero de distinta categoría.

No obstante, desde la Diputación defendían que no eran "puestos equiparables" sino "sustancialmente diferentes" y que en ningún caso esta valoración de méritos (posterior a la fase de oposición) iba a resultar "decisiva" para la obtención de la plaza al solo representar el 35% de la nota. Además, desde la institución provincial argumentaban que la querellante había resultado excluida del proceso selectivo por no haber abonado las tasas del examen, por lo que "a priori" ya no podría afectarle el resultado del proceso.

Sin embargo, la sentencia concluye que "más bien parece que la convocatoria lo que pretende es consolidar a las personas que ya están prestando servicios para ella", tal y como destaca el secretario de organización del PSOE y diputado provincial Eduardo Folgado. Así, el Juzgado de lo Contencioso ha ordenado retrotraer el proceso selectivo para que en la nueva redacción "se incluya la oportuna valoración del puesto de asistente social como 'empleado público' en otras administraciones". Por ello, según ha anunciado el vicepresidente de la Diputación, Aurelio Tomás, el primer examen para cubrir las plazas previsto para este sábado se pospondrá hasta el próximo 30 de marzo. No obstante, desde la Diputación dejan la puerta abierta a recurrir la sentencia, que no es firme. "Y en caso de que no se recurriera se podría paralizar todo el proceso para modificar las bases", advierten.