Una sentencia podría paralizar las oposiciones a asistente social de la Diputación

La decisión ha sido tomada después de que el PSOE hiciera público el fallo y su secretario de Organización y diputado provincial, Eduardo Folgado, reclamara que se suspendiera el procedimiento de la convocatoria y las bases aprobadas para la provisión de las 37 plazas convocadas en la oferta de empleo público correspondiente al año 2017 de la institución provincial.

"Debo estimar y estimo el recurso interpuesto por la representación procesal de M.P.R. contra la Convocatoria y Bases aprobadas mediante Acuerdo de 11 de octubre de 2017 (BOP 9 de mayo de 2018) para la provisión en propiedad de las plazas incluidas en la oferta de empleo público de 2017 de la Excma. Diputación de Zamora, base 6ª en relación con el anexo IV, declarándola nula de pleno derecho y retrotrayendo el procedimiento selectivo para que en su redacción se incluya la oportuna valoración del puesto de asistente social como "empleado público" en otras "Administraciones públicas", recoge la sentencia.

La sentencia, recurrible, responde a un recurso interpuesto por una afectada que entendía que la Diputación debía dictar otras bases en las que se concediera el mismo tratamiento a la experiencia distinta a la funcionarial o, al menos, otorgase puntuación proporcional y racional a dicha experiencia argumentando la misma. En este sentido, cabe recordar que de los 40 puntos de la fase de concurso, 35 de ellos son de experiencia (y únicamente como funcionario público), lo que a juicio del PSOE "es discriminatorio para quien se quiera presentar desde un puesto de otra categoría y hace inviable la concurrencia real y en condiciones de igualdad por mucho que se trate fundamentalmente de un proceso de consolidación de empleo temporal".

Antes de la decisión adoptada por la Diputación, Folgado había advertido de la "gravedad" de mantener la convocatoria de las pruebas previstas para este sábado por los perjuicios que supondría, en primer lugar, para los 320 opositores, además del tribunal de examinadores y de personal; y en segundo término, para la propia institución "ante los posibles recursos que, con toda probabilidad, se presentarían a la citada convocatoria".

Folgado ha querido hacer mención especial a lo expresado en los Fundamentos de Derecho del auto del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de Zamora, que literalmente señala en su página 11, párrafo 3º: "Es decir, que la Administración únicamente valora (tanto para el proceso de consolidación como para las plazas de cupo general) la prestación de servicios como "funcionario público" (y con mayor puntuación si es en la propia Administración convocante en el caso de la consolidación) y no otros supuestos de trabajo para la Administración pública, sin justificar por qué los trabajos como funcionario y los realizados como empleado laboral son tan diferentes que no pueden valorarse los segundos (tampoco se desprende esta diferenciación de la RPT de la Diputación de Zamora de marzo de 2017)".

"Más bien parece que la Convocatoria lo que pretende es consolidar a las personas que ya están prestando servicios para ella (tanto para el proceso de consolidación, que no olvidemos que tiene carácter extraordinario y que supone una excepción en el acceso a la función pública por lo que no puede ser interpretado extensivamente) como para las plazas de cupo general, impidiendo de facto valorar los méritos y experiencia de otras personas en puestos diferentes", ha sugerido el secretario de Organización del PSOE.

A falta de resolver la cuestión, el diputado Aurelio Tomás ha anunciado que el primer examen se pospondrá hasta el próximo 30 de marzo. Asimismo, próximamente se determinará recurrir o no la sentencia. En caso de que no se recurriera, se podría paralizar todo el proceso para modificar las bases conforme a la sentencia, una vez que esta sea firme.