-¿Los bancos no son reacios a que se aplique?

-Pues cabría suponer que sí, pues a ningún acreedor le agrada que le extingan su crédito por disposición legal, pero lo cierto es que en las solicitudes que se han tramitado los bancos no han formulado oposición. En cualquier caso, no debe olvidarse que las entidades de crédito se dedican profesionalmente a financiar las operaciones de sus clientes y, normalmente, suelen emplear mecanismos de garantía para defender sus intereses, para asegurarse el cobro.

-¿Por qué cree que esta Ley tiene tan poca repercusión cuando la crisis económica ha arrasado a tantas personas?

-Por desconocimiento del beneficio para el deudor, y porque para obtenerlo es preciso embarcarse en un concurso de acreedores, un procedimiento muy complejo para quienes habitualmente no intervienen en el mismo.

-¿Su tramitación es larga?

-Depende del patrimonio del deudor y qué elementos lo conforman, pues hay que enajenarlos, pero podría ventilarse en pocos meses. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los juzgados de Primera Instancia no están cómodos con este tipo de procedimientos de cierta complejidad y novedosos para ellos, lo que puede generar alguna dilación, situación que se irá corrigiendo con el tiempo. Atribuir a esos juzgados esos concursos, en lugar de dejarlos en el Mercantil, ha sido, en mi opinión, un error.

-¿Paraliza los desahucios o los embargos?

-Como regla general, la declaración de concurso supone la paralización de todas las ejecuciones que se sigan contra el deudor, tanto judiciales como administrativas, aunque, excepcionalmente, se permite la continuación de las ejecuciones laborales y administrativas, si concurren ciertos requisitos. Respecto de los desahucios, la declaración de concurso no impide la presentación de las demandas, solo que pasará a ser el juez del concurso el que las resuelva.

-Las empresas más importantes de Zamora han pasado a concurso de acreedores, ¿la crisis ha destruido el tejido empresarial de la provincia?

-Zamora no se caracteriza por la potencia de su tejido empresarial y, sin duda, la crisis ha supuesto un importante varapalo del que no se ha recuperado. En los primeros años de la crisis eran comunes los concursos de sociedades con varios trabajadores, en los que se tramitaba un ERE en el propio juzgado, y en los que se hacía un esfuerzo para lograr un convenio con los acreedores, que en la mayor parte de los casos no era posible.

-¿Apenas entran ya concursos en el Juzgado Mercantil?

-Ha bajado el número, pero la diferencia respecto de esos años está en las características de las sociedades, ahora son, fundamentalmente, pequeñas empresas o familiares, sin trabajadores, prácticamente sin actividad antes de solicitar el concurso, al que acuden para su liquidación.

-¿Se verá Pevafersa reflotada, finalmente?

-Se está tramitando su venta y parece que sí se logrará, pero hay que ser prudentes, esperar a las complejas gestiones que realizan los administradores concursales. Sería un importante beneficio para Toro, se crearían muchos empleos. Su liquidación está siendo muy complicada porque contaba con unas instalaciones de enormes proporciones para vender, sin que las empresas locales hayan mostrado interés, precisamente, por esa circunstancia. Ha habido que buscar compradores fuera de Zamora, incluso, en el extranjero.

-¿Cuántos concursos quedan vivos?, los hay iniciados hace más de diez años, ¿es complicado tramitarlos?

-Los nuevos se tramitan de forma ágil. Hay más de 70 concursos. Alguno de empresas de mayor tamaño, abiertos al inicio de la crisis, en los que ya se ha liquidado casi el patrimonio, pero surgen incidencias que impiden su conclusión. Por ejemplo, hay que esperar a la resolución de causas en otros juzgados; a que los deudores abonen créditos que han sido aplazados o se reclaman judicialmente; hay convenios incumplidos...

-¿La Ley Concursal ha obstaculizado más que agilizado?

-Pronto se vio que la norma tenía numerosas carencias para hacer frente a la crisis producida. De hecho, las modificaciones fueron muchas hasta 2015.