"Si queremos financiar las pensiones debemos pensar en cómo tener más niños y no en cómo abortar". Esta afirmación, realizada por el líder del Partido Popular, Pablo Casado, para defender una vuelta a la ley del aborto de 1985, ha resucitado una polémica que parecía "dormida" en torno a la normativa aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. Con todo, un análisis de los datos permite comprobar que la nueva ley no se ha traducido en un incremento de las interrupciones voluntarias del embarazo, y esto es así en Zamora y en el conjunto de España.

Por comenzar con los datos provinciales, las estadísticas del año 2016 -son las últimas disponibles en la base de datos del Ministerio de Sanidad- indican que 121 mujeres decidieron interrumpir su embarazo en la provincia de Zamora. En 2010, año en que se aprobó la ley, y también según Sanidad, las féminas que decidieron no seguir adelante con su gestación fueron 153, 32 más que en 2016. Pero hay más. En 2008, dos años antes de que el Gobierno de entonces aprobara la ley de plazos que rige actualmente, fueron 167 las zamoranas que, acogiéndose a los requisitos entonces existentes, interrumpieron su embarazo. Por tanto, parece demostrado que el "invierno demográfico" del que habla Casado tiene poco que ver con la ley de plazos actual y que, con los datos en la mano, no hay nada que indique que una vuelta a la ley de 1985 mejoraría la situación.

Las estadísticas que elabora el Ministerio indican que ni ahora abortan más adolescentes que antes ni tampoco más mujeres que ya tengan familia.Ahora y antes, la mayor cantidad de abortos voluntarios se dan en mujeres que todavía no han tenido su primer hijo. La mayoría de las mujeres que eligen este camino lo hacen por primera vez, lo que erradica la idea de ciertos círculos de que la interrupción libre del embarazo en las primeras semanas sea "utilizada" como método anticonceptivo. Los datos indican que en 2016 la mayor parte de los abortos voluntarios fueron por petición expresa de la mujer. Este supuesto no estaba recogido en 2008, por lo que muchas mujeres se acogían a los riesgos para su salud para justificar la interrupción del embarazo.