El sector público mantiene en Zamora a unas 20.000 personas más que el privado. La situación, insostenible según los expertos desde el punto de vista económico, se da en muchos territorios de España pero en pocos de manera tan acusada como en la provincia de Zamora. A nivel nacional el sector público mantiene a unas 700.000 personas más que las empresas del sector privado, lo que evidencia que el problema va en auge.
Por partes, en Zamora las empresas del sector privado ocupan a un total de 45.240 personas aproximadamente. Es muy complicado dar con la cifra real y actualizada, pero el cruce de los datos de distintas instituciones permite acercarse bastante a la realidad. La provincia tiene actualmente -lo publicó el pasado lunes el Instituto Nacional de la Seguridad Social- 56.360 cotizantes. Es decir, trabajadores. Con los últimos datos del Ministerio de Hacienda referentes al personal al servicio de las administraciones públicas se puede concluir que hay más de 11.100 trabajadores públicos -ya sean funcionarios o personal laboral-.
A los trabajadores que cobran su nómina del sector público hay que sumar otra serie de gastos que salen de los impuestos y de las cotizaciones a la Seguridad Social. El más importante es el gasto de las pensiones, que roza ya los cuarenta millones de euros mensuales en la provincia de Zamora. Son cerca de 50.000 personas -49.182 según los últimos datos- que cobran del erario público. A estos hay que sumar los 5.736 parados que tienen derecho a algún tipo de prestación por su situación de desempleados.
En total, son más de 66.000 personas las que en la provincia de Zamora cobran su sueldo o la prestación social correspondiente de las administraciones públicas. Frente a estos, solamente unos 45.000 zamoranos trabajan en la empresa privada. Es decir, hay una diferencia de 20.000 personas que, llevada a datos nacionales, compromete la sostenibilidad propia del sistema actual.
Lo que estos datos quieren decir, ya llevados al panorama nacional, es que España cuenta con más de un receptor de rentas públicas -de nuevo, ya sean sueldos o prestaciones- por cada trabajador del sector privado. Las causas son varias, pero es obligado señalar el envejecimiento de la población, el aumento del paro que llegado aparejado a la crisis económica y el abultado peso del empleo público en el total de trabajadores. Va por zonas, pero Zamora está entre las provincias con más presencia de empleados de las administraciones, con cerca del veinte por ciento del total de la mano de obra ocupada.
En esta situación ha puesto el foco la consultora "Freemarket" a la hora de elaborar su informe "Las dos Españas 'de verdad'", que asegura que "existe una creciente brecha entre los ciudadanos que obtienen sus remuneraciones del mercado a través de transacciones voluntarias y productivas basadas en el mutuo beneficio y quienes las obtienen de manera directa o indirecta de las Administraciones Públicas".
Cerca de 14 millones de personas en España viven del sector público mientras que poco más de trece millones trabajan en el sector privado, una división que sin duda ponen en cuestión la sostenibilidad de las cuentas públicas no ya en el largo plazo, sino en el medio. De otro lado, hay que señalar que el envejecimiento de la población elevará la factura de las pensiones en los próximos años al tiempo que, según todos los datos, habrá menos contribuyentes para sostener el sistema de prestaciones públicas. Esto, aparte de generar tensiones económicas, puede ser una "fuente de conflictividad entre las generaciones" por la elevada carga impositiva que se antoja necesaria para sostener el sistema, dice el informe.
