La siniestralidad laboral continúa siendo un auténtico problema en la provincia de Zamora, que ha visto incrementar el número de percances durante el último año hasta rozar la barrera de los 1.500 accidentes. De todos ellos, cuatro se saldaron con otras tantas víctimas mortales, lo que supone un fallecido más que el curso anterior. Además, las carreteras registraron 120 incidentes de diversa consideración, un 25% más que en el año 2017. Unos datos que no hacen sino constatar una tendencia al alza de esta sangría laboral que ha levantado en armas a los responsables sindicales, quienes exigen a la administración que obligue a las empresas a tomar medidas de precaución.

Las cifras de siniestralidad recogidas por Ical revelan que, durante el año 2018, se produjeron en Zamora un total de 1.483 accidentes laborales, cuarenta más que el curso inmediatamente anterior. Las estadísticas, además, indican que cinco de estos siniestros fueron graves y cuatro de ellos se cobraron víctimas mortales. Por sectores, los datos indican que los accidentes mortales en el conjunto de la región se concentraron en los servicios, seguidos de la industria, la agricultura y la construcción.

La secretaria de Salud Laboral y Política Social, Azucena Pérez, ha destacado que 2018 volvió a ser "un mal año en lo que a siniestralidad laboral se refiere" y ha defendido que los datos "ponen de manifiesto la necesidad de impulsar medidas urgentes que consigan revertir la situación, y recuperar la senda descendente iniciada en el año 2008". Por su parte, la secretaria de Salud Laboral y Juventud de CCOO en la Comunidad, Sehila Mateos, ha criticado que "no existe una cultura empresarial" de la prevención de riesgos y ha apelado a la responsabilidad de todos para que el año que comienza se logren rebajar de una vez por todas los malos datos que se arrastran los últimos ejercicios.

La dirigente sindical ha reclamado un mayor control de la Administración para que aquellas empresas que han sido sancionadas, Además, considera "imprescindible" contar con el delegado territorial en Castilla y León, que cubra el vacío de representación específica que en estos momentos hay en el 95% de las empresas de la Comunidad. En este sentido, Azucena Pérez ha planteado recuperar las inversiones en prevención de riesgos laborales y exigió una mayor dotación de recursos (tanto humanos como materiales) para una Inspección de Trabajo para el control del cumplimiento de las normas, así como para las Unidades de Seguridad y Salud, "fundamentales" para el desarrollo de campañas de control y asistencia técnica.