Cuando a finales de octubre del año pasado el Tribunal Supremo dictaminó que era el banco y no el cliente el que debía pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados se desató una catarata de acontecimientos que acabó con el sector enfrentándose a una situación hasta entonces desconocida. Días después, ya a primeros de noviembre, el Supremo se rectificó a sí mismo para asegurar que este impuesto debía ser asumido por el cliente, lo que a su vez motivó una nueva ley (impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez) para que a partir de entonces fuera las entidades financieras las que abonaran este impuesto autonómico.

No es difícil imaginar que toda esta situación produjo un estrés poco habitual en un sector, el financiero, que necesita de tranquilidad posiblemente más que ningún otro. Esto ha traído dos consecuencias. Por un lado, una ralentización en la firma de hipotecas en el conjunto de España, donde el mercado empieza a recuperarse de la crisis inmobiliaria. Sin embargo, en lugares menos dinámicos como Zamora, el baile de sentencias y de nuevas normas se tradujo en más miedo para los consumidores y menos firma de préstamos. En noviembre la concesión de hipotecas se redujo en la provincia más de un cuarenta por ciento hasta formalizarse solo 38, poco más de una al día. Como en los peores tiempos de la crisis económica.

Según los últimos datos del INE, la firma de hipotecas en Castilla y León se situó en el mes de noviembre del año pasado en 1.082, lo que supone un aumento del 17% con respecto al mismo mes del año anterior. A nivel nacional el crecimiento fue superior al catorce por ciento. Zamora es, junto con Palencia, la única provincia en la que la firma de hipotecas ha ido a la baja, aunque poco tiene que ver el dato de Zamora con el palentino, donde la situación no ha sido tan acusada. Los bancos prestaron un total de 3,3 millones de euros para la compra de vivienda.