La provincia de Zamora contabiliza más de 7.000 pozos de sondeo para el riego de fincas, jardines y huertos, y para suministrar agua a explotaciones ganaderas autorizados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), de los que más del 60% están en desuso, según los datos oficiales facilitados por Lorenzo Rivera, presidente del sindicato COAG, obtenidos durante unas jornadas organizadas por el organismo que gestiona la cuenca.

Las prospecciones ilegales, como en la que cayó y murió el niño de Málaga, Julen, "dejaron de realizarse en la provincia hace cerca de 20 años", especialmente tras la entrada en vigor en 2001 de la nueva Ley de Aguas, que contempla sanciones que pueden llegar a los 300.000 euros, tanto para el propietario de la finca donde se ejecuta como para la empresa que efectúa los trabajos, apunta Rivera. "Puede ocurrir que alguien haga un pozo ilegal, sin autorización de Confederación, pero ya no es normal porque desde que cambió la Ley se la juegan tanto el propietario como la empresa que perfora. Nadie se arriesga a realizar ese trabajo".

Antes de aplicar esa normativa, cuando la multa se dirigía solo hacia el titular de la finca, sí que se hacían pozos no autorizados, agrega el responsable de COAG y, "cuando no se hallaba agua, se tapaba, no se encamisaba (instalar el tubo). Normalmente la empresa que llevaba a cabo la prospección rellenaba el hueco con tierra de la balsa del sondeo con un arado o vertedera hasta dos o tres metros para evitar accidentes y después se pasaba el tractor por encima para prensar bien el terreno". Esas prácticas ya son pasado, "desde hace casi 20 años para acá el acuífero está cerrado", la CHD no permite nuevas perforaciones porque ya existe una saturación.

En cuanto a los seis de cada diez pozos abandonados en la provincia, situación derivada de la despoblación del medio rural, de falta de actividad agrícola y ganadera, están "perfectamente tapados o sellados, por lo que no existe peligro", agrega Rivera, quien no descarta que pueda haber alguna excepción.

Esa medida obligada para prevenir accidentes como el de Málaga afecta tanto a los pozos autorizados que están a pie de tierra, que tienen el equipo de bombeo en el interior, como para los que disponen de brocal, tapiados con ladrillos de fábrica y cemento de un metro de altura o con anillos de hormigón de entre 80 centímetros y un metro de altura y coronados por arquetas de seguridad cerradas.