26 de enero de 2019
26.01.2019

Justo Torrero defiende su inocencia en el caso de insolvencia punible

El denunciante reclama 5.684 euros de deuda, no 1,8 millones publicados por error

25.01.2019 | 20:05

Ante la exigencia de prisión para cuatro procesados por la supuesta insolvencia punible de la empresa Justo Torrero, solicitada por un agricultor tras evitar el abono del cereal adquirido en 2009, cuyo importe pendiente de 5.684,46 euros -y no de 1,8 millones que se publicó por error–, ya reclamado previamente en vía civil, al entregársele pagarés sin fondos en 2010, el administrador de la sociedad, sus hijos y su hermana sostienen su inocencia.

Asimismo, la empresa Transcereales Muñoz Torrero, también imputada y plenamente solvente, defiende su inocencia.

El Juzgado de lo Penal, que ya dio por prescrito el delito de estafa del que también fueron imputados, deberá decidir si existen pruebas de la descapitalización de Justo Torrero, del que era administrador el acusado A.M.H., en favor del resto de los acusados, A.M.T., F.M.T. y M.T, –todos familia–, tal y como indica la acusación particular.

La acusada M.T., por otro lado, nunca llegó a comprar cereal al agricultor en nombre de Transcereales -tal y como se publicó por error-, habiendo efectuado únicamente algún pago en nombre de Justo Torrero.

La juez titular del Juzgado de lo Penal debe determinar, tras el juicio celebrado la semana pasada, si está prescrito el delito de insolvencia punible –y no de alzamiento de bienes como se publicó erróneamente-, como sostiene la defensa de los cuatro acusados y estima el Ministerio Fiscal, al no haberse concretado en la querella la fecha de la comisión de los hechos.

La acusación cifró el activo de Torrero en 1,8 millones para reprochar el impago a su cliente durante la vista oral, a lo que uno de los imputados replicó que el pasivo, deudas, al cierre del ejercicio era casi esa suma (de ahí el error).

El Juzgado de lo Penal celebró juicio a primeros de este mes, tras el auto del titular del Juzgado de Toro de 13 de febrero de 2018 que decretó la apertura de juicio oral, después de que la Fiscalía solicitara el sobreseimiento de la causa, mientras que la acusación particular la mantuvo la exigencia de prisión para los cuatro imputados. El juicio quedó visto para sentencia una vez la magistrada ha escuchado el testimonio de los procesados y de los testigos propuestos por las partes.

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