El Procurador del Común ha enviado una carta individual a cada una de las personas que firmó la queja por la situación del servicio de Oncología de Zamora para informarles de la recepción de su demanda y la decisión de centralizar la comunicación de las actuaciones con la organización promotora, la Asociación Unidos contra el Cáncer.

Responsables de esta entidad y el propio Procurador del Común, Tomás Quintana, que estuvo ayer de visita institucional en Zamora y se reunió con el alcalde, Francisco Guarido y el delegado de la Junta, Alberto Castro, explicaron que los firmantes de la protesta por la situación del servicio de Oncología simplemente expresaron su derecho a exponer una protesta, pero "no va a perjudicar a nadie" y les traerá ningún tipo de consecuencia, ya que no se trata de ninguna denuncia judicial. "Únicamente se les ha dicho que para no tramitar cuatro mil quejas, que podrían bloquear la institución se va a hacer, si están de acuerdo, como si fuera una única a través de la Asociación".

Por su parte Pilar de la Higuera, de la Asociación Unidos contra el Cáncer, explicó que en el servicio siguen faltando dos oncólogos y no solo uno, como asegura el gerente de Asistencia Sanitaria. "Si teníamos seis oncólogos y ahora hay cuatro es evidente que faltan dos", lo que pasa es que Sacyl se escuda en que la plantilla oficial son cinco. "Esto es una triquiñuela por decirlo de alguna forma, de la Administración. En los papeles están cinco de plantilla y efectivamente si ahora hay cuatro, falta uno. Pero es que habían puesto un oncólogo a mayores por la demanda que había, porque el número de pacientes de cáncer de Zamora está aumentando considerablemente y por tanto por ese exceso de demanda se puso uno más. Por tanto, faltan dos. A los enfermos les da igual si son o no de plantilla, lo que nota es que le faltan dos oncólogos y por eso hemos presentado las quejas y seguiremos haciendo acciones porque al parecer nada se mueve aquí".

Con respecto a la instalación de macrogranjas "estamos haciendo una actuación que tenga en cuenta la situación de las autorizaciones en Zamora y en todo Castilla y León, hemos ido más allá con una actuación de oficio" que aborde el problema de forma global.

El periplo de Tomás Quintana, quien tomó posesión de su cargo el pasado octubre, comenzó por el Ayuntamiento de Zamora, donde el alcalde, Francisco Guarido, le explicó que decidió que fuera Alcaldía quien coordinara la respuesta a las quejas ciudadanas del Procurador del Común para acabar con el "caos" existente hasta entonces. En lo que va de mandato han sido 31 las quejas presentadas. En doce el Ayuntamiento ha aceptado la recomendación del Procurador del Común, el siete casos no existía irregularidad, nueve fueron resueltas directamente por el Ayuntamiento y tres no se han aceptado.

Las quejas más habituales, indicó Guarido, son las referidas a ruido de bares. "Comprendo que es un problema en todas las capitales, porque hay que buscar el equilibrio entre la instalación legal de un bar y el derecho ciudadano de tener en su casa cierto nivel de ruido máximo". Otras fuentes de quejas son la tramitación de impuestos y tasas en la sede electrónica, más por lo novedoso del sistema que por el fondo del asunto, las multas de tráfico y mal funcionamiento de los servicios públicos, como las caídas en la vía pública. El mercadillo originó también quejas, aunque como se encontraba en vía judicial tuvo que paralizarse la vía del Procurador del Común. Y llegaron, de "un senador valenciano" quejas sobre el cumplimiento de la memoria histórica que el Ayuntamiento ya había resuelto.

Tomás Quintana señaló que las quejas más habituales en la provincia fueron las referidas a procesos selectivos y acceso a la función pública, prestación de servicios por parte de municipios y mancomunidades, gestión de los bines propios o comunales sobre todo en el medio rural y el medio ambiente.

Entre las novedades anunciadas por el Procurador del Común está la próxima habilitación de la sede electrónica que facilitará el contacto con los ciudadanos o el acortamiento de los plazos de respuesta que se da a los Ayuntamientos, a quienes se enviarán menos requerimientos que ahora con el fin de agilizar los trámites de cara al ciudadano.