En algunos aspectos cada vez más lejanas del ciudadano de la calle, las administraciones se están viendo obligadas a facilitar información que tienen en su poder a los particulares interesados, en cumplimiento de la normativa que les exhorta a ir volviendo más transparentes las opacas paredes de las instituciones. Y en ello tiene un importante papel la Comisión de Transparencia de Castilla y León que funciona ligada a la oficina del Procurador del Común.
Una institución que va siendo cada vez más conocida, como demuestra el hecho de que recibiera en 2018 un total de 314 reclamaciones, es decir 112 más que en el año anterior y más del triple de las presentadas en 2016, primer año de funcionamiento de la Comisión.
Los casos llegados desde Zamora fueron veinte, aunque varios procedían del mismo reclamante, de los cuales en 15 la Comisión dio la razón al reclamante y obligó a la administración a facilitar la información.
Así, hay dos quejas de San Esteban del Molar de un ciudadano que quería conocer la normativa de participación ciudadana y la justificación de gastos de las fiestas de los años 2017 y 2018, al que la Comisión dio la razón y consideró que tenía derecho. Un ciudadano de Cobreros pedía información sobre la ordenanza que regula la utilización de locales públicos, la entrega de llaves de los edificios municipales y una copia del presupuesto, aunque no se admitió a trámite otra solicitud sobre los locales municipales en la misma localidad.
También parecen tener un mismo origen cuatro peticiones tramitadas en Zamora que pedían las resoluciones de reconocimiento de compatibilidad para actividades privadas de los funcionarios de las diputaciones de Salamanca, Segovia, Zamora y de la Junta. La Comisión dio la razón a un ciudadano al que la Consejería de Medio Ambiente denegó la información sobre una denuncia que había presentado ante el Seprona en Benavente, y a otro que había solicitado la relación de expedientes sancionadores de la Guardia Civil sobre los espantes de Fuentesaúco en 2017, aunque al final sí se le facilitó la información: se abrieron dos, y había tres denuncias. Una empresa reclamó al Ayuntamiento de Zamora información sobre las licencias de las vallas publicitarias, aunque la Comisión admitió las limitaciones del programa informático para ofrecer los datos completos sobre lo que se preguntaba.
Obligó sin embargo a la Mancomunidad de Sayagua a atender la petición de la presidenta de la Asociación de la Sanidad Pública de Sayago sobre los contratos de suministro de agua y basuras vigentes en la zona; al Ayuntamiento de Benavente a dar una información urbanística y a Educación a facilitar las actas del consejo escolar de un centro educativo que inicialmente fueron denegadas. Bustillo del Oro y Trefacio fueron ayuntamientos obligados a facilitar información.
Respaldó sin embargo al Colegio de Enfermería cuando rechazó una petición de datos de una persona que no era colegiada y sobre un proceso electoral nacional, no provincial.
