Las reclamaciones que presentan los ciudadanos a la administración deben pasar por el Consejo Consultivo, la institución con sede en Zamora que determina en última instancia si se deben abonar o no los importes que se reclaman. Las de tipo sanitario y las relacionadas con el funcionamiento de los servicios públicos ocupan el grueso de los asuntos de este tipo que tramitó la institución que preside el leonés Mario Amilivia, que acaba de hacer balance de la actividad en 2018.

-Negligencias médicas. La totalidad de las reclamaciones patrimoniales estudiadas por el Consejo, de todas de las que se pudo disponer, arrojó en 2018 un total de 421 millones de euros. Las más numerosas fueron las referentes a la sanidad pública. 129 de los dictámenes derivaron de consultas por negligencias o mala praxis sanitaria que sumaron 15,4 millones de euros, de los que se estimaron total y parcialmente 19 procedimientos en los que se reclamaban en conjunto más de tres millones. Los complejos asistenciales de Valladolid, León y Burgos, con 31, 26 y 24, coparon el 63% de las consultas sobre reclamaciones por asistencias médicas.

-Se dejan dentro un separador. Uno de los casos en los que el Consultivo aprecia negligencia fue el caso de una mujer a la que dejaron dentro un separador en una intervención quirúrgica. Reclamaba más de cien mil euros por "quince días de hospitalización, 695 días impeditivos, 161 días no impeditivos, 3 puntos de secuela por perjuicio estético y 34 puntos de secuelas por lesiones vaginales que imposibilitan el coito, adherencias abdominales, e incontinencia urinaria de esfuerzo".

-Cinco fallecimientos. Cinco de los casos analizados finalizaron con el fallecimiento del paciente. A una señora no se le detectó un infarto en urgencias, a otra se le infectó una herida tras una operación de fémur, otro supuesto fue también por un fallecimiento tras una cirugía, otro tras arrancarse las vías y en el último caso se detectó un nódulo en el pulmón en 2011 pero no se tomó ninguna medida hasta que el cáncer, años después, estaba avanzado.

-El diente y la camilla. Junto a los casos más graves hay otros con consecuencias menos relevantes: a un menor le cortaron al quitarle la escayola, otro pierde un diente en una caída que pudo ser reimplantado pero no había medios para ello y otro ciudadano cayó de una camilla y se le desencajó la mandíbula.

-Festejos y caídas en la calle. Aunque las más numerosas sean las peticiones sanitarias, sin embargo, en relación a las cuantías reclamadas destacaron los dictámenes derivados de consultas por distintos daños y perjuicios a causa del funcionamiento de los servicios públicos: festejos populares, fugas de agua, tramitaciones de licencias urbanísticas o ruidos, por ejemplo, (110 dictámenes y 402 millones reclamados); los derivados de daños generados por el mobiliario urbano (101 dictámenes y 1,4 millones); los derivados de accidentes por el mal estado de las calzadas (63 dictámenes y 919.000 euros); los provocados por atropellos de animales (7 dictámenes y 48.700 euros); los derivados de reclamaciones en procesos de selección de plazas de funcionarios (4 dictámenes y 181.000 euros); los causados durante el trabajo de los empleados públicos (3 dictámenes y 231.500 euros) y los derivados de accidentes escolares y daños de la fauna (1 dictamen, respectivamente, con 12.000 y 220.000 euros reclamados).

-La razón del ciudadano. A nivel general, la estadística provisional del Consejo Consultivo refleja que se emitieron 294 dictámenes desestimatorios, 119 que estimaron total o parcialmente la reclamación pretendida y en al menos 24 de los procedimientos se resolvió la no procedencia de dictamen. El 40% de los dictámenes, pues, dieron la razón al reclamante y el 60% a la Administración. El resto de los dictámenes aprobados resolvieron cuestiones normativas, asuntos sobre revisión de oficio, resoluciones contractuales o modificaciones urbanísticas.

-Medio millar de dictámenes. El Consultivo aprobó durante 2018 un total de 557 dictámenes que fueron solicitados al órgano de control externo por las distintas administraciones de la comunidad autónoma, y que han constituido una garantía de legalidad, seguridad jurídica y un plus de calidad democrática desde la independencia, objetividad y discreción que lo caracterizan. Dictámenes que fueron aprobados por unanimidad. A pesar de tener una composición reducida, de tan solo tres miembros, ha sido el consejo consultivo que más informes ha aprobado durante el año pasado. A la espera de la toma de posesión, el Consejo Consultivo se ha renovado: Se van Ignacio Sobrini y Mario Amilivia y entran Valle Ares y Agustín Sánchez de Vega, el que será nuevo presidente. Solo sigue Francisco Ramos.

-Por provincias. Valladolid despuntó en solicitudes de consulta con un 22% (122), seguida de Burgos con el 15,3% (85); León con un13,3% (74); Salamanca, 12,8% (71); Palencia, 9,3% (52); Zamora, 7,2% (40); Segovia, 5% (28); Ávila, 4,7% (26) y Soria, 0,72% (4), mientras que el resto de los dictámenes demandados (55) tuvieron como ámbito el conjunto de la Comunidad al tratarse, por ejemplo, de anteproyectos de ley o reglamentos ejecutivos. La provincia desde la cual ha surgido históricamente un mayor número de consultas es León, con 3.614 dictámenes, el 24,5%. La segunda es Burgos con 2.133 (14,4%) y la tercera Salamanca con 1.868 (12,7%).

-Tribunal Contractual. Además de la función consultiva, en su competencia como Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl), el órgano de control resolvió en el pasado ejercicio 131 recursos de contratación, un 8,3% más que en 2017. Desde su puesta en marcha en 2012 ha resuelto 650 recursos, que suman 4.572 millones de euros. Este año el Tribunal ha resuelto varias resoluciones complejas. Es ágil, ya que resuelve en una media de 15 días y eficaz, ya que sus decisiones apenas llegan a la vía judicial.

-Modelo de éxito. En sus casi siete años de funcionamiento, este Tribunal compuesto por los mismos miembros del órgano consultivo, se ha convertido en un "modelo de éxito", tomado en consideración a los efectos de su operatividad por otras comunidades autónomas, ya que el recurso especial, objeto central de su trabajo, es un instrumento de eficiencia, de fiscalización previa contra la falta de transparencia y los abusos, depurando la contratación administrativa y garantizando mediante su tutela restitutoria una eficiente gestión de los recursos públicos. 102 de los recursos resueltos en 2018 procedieron de procesos de contratación de consejerías (de manera especial la de Sanidad) y de municipios, principalmente por servicios y suministros. El 30% de las resoluciones estimaron total o parcialmente los recursos, el 56% los desestimaron y el resto fueron desistimientos e inadmisiones.