El Consejo Consultivo de Castilla y León aprobó durante el ejercicio de 2018 un total de 557 dictámenes que fueron solicitados al órgano de control externo por las distintas administraciones de la comunidad autónoma, y que han constituido una garantía de legalidad, seguridad jurídica y un plus de calidad democrática desde la independencia, objetividad y discreción que lo caracterizan. Dictámenes que fueron aprobados por unanimidad, otra de las señas históricas de identidad del Consejo que preside el leonés Mario Amilivia.

La totalidad de las reclamaciones patrimoniales estudiadas por el Consejo, de todas de las que se pudo disponer, arrojó en 2018 un total de 421 millones de euros, siendo las referentes a la sanidad pública las más numerosas. 129 de los dictámenes derivaron de consultas por negligencias o mala praxis sanitaria que sumaron 15,4 millones de euros, de los que se estimaron total y parcialmente 19 procedimientos en los que se reclamaban en conjunto más de 3 millones. Los complejos asistenciales de Valladolid, León y Burgos, con 31, 26 y 24, coparon el 63% de las consultas sobre reclamaciones por asistencias médicas.

Sin embargo, en relación a las cuantías reclamadas destacaron los dictámenes derivados de consultas por distintos daños y perjuicios a causa del funcionamiento de los servicios públicos: festejos populares, fugas de agua, tramitaciones de licencias urbanísticas o ruidos, por ejemplo (110 dictámenes y 402 millones reclamados); los derivados de daños generados por el mobiliario urbano (101 dictámenes y 1,4 millones); los derivados de accidentes por el mal estado de las calzadas (63 dictámenes y 919.000 euros); los provocados por atropellos de animales (7 dictámenes y 48.700 euros); los derivados de reclamaciones en procesos de selección de plazas de funcionarios (4 dictámenes y 181.000 euros); los causados durante el trabajo de los empleados públicos (3 dictámenes y 231.500 euros) y los derivados de accidentes escolares y daños de la fauna (1 dictamen, respectivamente, con 12.000 y 220.000 euros reclamados).

Además de la función consultiva, en su competencia como Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl), el órgano de control resolvió en el pasado ejercicio 131 recursos de contratación, un 8,3% más que en 2017, alcanzándose desde su puesta en marcha en 2012 un total de 650 recursos resueltos que suman 4.572 millones de euros.

En relación a la función consultiva, el 52,4% de los dictámenes emitidos (292) fueron solicitados por los ayuntamientos y diputaciones; el 46,7% (260) por la administración autonómica a través de sus distintas consejerías, y el 0,9% (5) por las universidades públicas de Castilla y León.

A nivel autonómico, la Consejería de Sanidad destacó por el número de dictámenes solicitados, 134, un 24% de los aprobados por la Institución. Además, 34 fueron solicitados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; 28 por la de Educación; 17 por la de la Presidencia; 15 por la de Familia; 13 por Agricultura y Ganadería; 11 por Economía y Hacienda; y 4, respectivamente, por las de Cultura y Empleo

Por provincias, Valladolid despuntó en solicitudes de consulta con un 22% (122), seguida de Burgos con el 15,3% (85); León con un13,3% (74); Salamanca, 12,8% (71); Palencia, 9,3% (52); Zamora, 7,2% (40); Segovia, 5% (28); Ávila, 4,7% (26) y Soria, 0,72% (4), mientras que el resto de los dictámenes demandados (55) tuvieron como ámbito el conjunto de la Comunidad al tratarse, por ejemplo, de anteproyectos de ley o reglamentos ejecutivos.

Comparativamente al año 2017, descendió en 19 el número de dictámenes sobre responsabilidad patrimonial y en 10 el de recursos administrativos, pero aumentaron los de revisión de oficio, contratación administrativa, anteproyectos de ley, reglamentos ejecutivos y modificación de planes urbanísticos.

A nivel general, la estadística provisional refleja que se emitieron 294 dictámenes desestimatorios, 119 que estimaron total o parcialmente la reclamación pretendida y en al menos 24 de los procedimientos se resolvió la no procedencia de dictamen. El resto de los dictámenes aprobados resolvieron cuestiones normativas, asuntos sobre revisión de oficio, resoluciones contractuales o modificaciones urbanísticas.