Mario Amilivia lleva como presidente del Consejo Consultivo desde 2012 y ahora mismo está ya en funciones, a la espera de que seguramente el próximo mes de febrero entre a formar parte del Consejo de Cuentas, donde está previsto que sustituya al hasta ahora presidente, Jesús Encabo. Mario Amilivia deja el Consultivo con José Ignacio Sobrini por lo que solo Francisco Ramos queda de la anterior etapa para trabajar con los dos sustitutos, Valle Ares y Agustín Sánchez de Vega, que será el nuevo presidente de la única institución regional con sede en Zamora. Desde su constitución Amilivia preside también el Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración, que comparte estructura con el Consultivo aunque tiene una personalidad jurídica diferente.

-¿ Como afronta la nueva etapa al frente del Consejo de Cuentas?

-El Consejo de Cuentas ha sido una institución útil a la comunidad autónoma y yo pretendo dar continuidad a la gestión de un órgano externo de fiscalización para intentar mejorar la gestión del sector público regional. Es un nuevo reto en mi vida pública y lo asumo con humildad y responsabilidad.

-El Consejo de Cuentas realiza análisis muy concienzudos, pero ¿quizá con demasiados años de retraso?

-Al margen de que se pueda agilizar la fiscalización, los informes se hacen en los plazos que marca la ley. El plan anual de fiscalizaciones en el resto de los consejos de cuentas de España lo decide libremente el propio consejo de cuentas, pero aquí hay una excepción en Castila y León y es que el plan de fiscalización lo aprueban las Cortes. Es una merma de la independencia del Consejo de Cuentas que ha tenido algún problema, como el año pasado cuando no le aprobaron el plan anual de fiscalizaciones. El parlamento tiene que ser totalmente respetuoso con la autonomía, la soberanía y la independencia de una institución propia.

-¿Usted la ha tenido al frente del Consultivo?

- Una de las características del Consejo Consultivo en los años en los que lo he presidido, incluida su versión como Tribunal de Recursos Contractuales, ha sido la independencia de la institución y la capacidad que hemos tenido en todo momento de tomar nuestras propias decisiones. Que el plan anual de fiscalizaciones no lo apruebe el propio Consejo de Cuentas es una rémora que espero, y yo lo plantearé así, que en los próximos años sea objeto de modificación legal.

-Amilivia es el único presidente de instituciones propias que ha sobrevivido al relevo.

-De presidentes sí, pero siguen muchos vocales.

-Parecía un proceso consensuado por PP y PSOE hasta que el nombre de Fernández Santiago como su sustituto hizo saltar todo por los aires. ¿Cómo ha sido el proceso?

-Cualquier proceso de modificación de las instituciones tiene que pasar por el consenso y el cumplimiento de la ley, que exige un quorum cualificado de tres quintos. Y las Cortes a las que correspondía proceder a la renovación eran éstas, porque los mandatos han vencido en esta legislatura, no en otra. La clave de estas instituciones es que tienen que estar respaldadas y las personas consensuadas.

-A usted le propone el PP pero tiene que aceptarle el Partido Socialista.

-Si. Y me hubiera gustado que se hubieran sumado el resto de fuerzas políticas, como ocurrió en la última renovación.

-¿Qué balance realiza de su larga etapa de once años al frente del Consultivo?

-Llevo once años pero es el primer mandato desde el punto de vista legal. El Consejo durante estos años ha superado alguna tempestad que en su momento se planteó con ocasión de la crisis, pero se ha demostrado una institución útil y necesaria, me atrevería a decir que como institución totalmente respetada en estos momentos por los grupos parlamentarios, reconocida por la sociedad de Castilla y León. Y ello porque ha sabido aunar independencia, "autoritas", en el sentido de que el grado de seguimiento y la aceptación incluso en asuntos complejos y mediáticos ha sido casi al 100% aceptada y además con una composición reducida.

-¿Y el Tribunal de Recursos Contractuales?

-Es un órgano totalmente ajeno al Consejo Consultivo y desde el punto de vista de contratación pública. Este tribunal funciona de una manera siempre callada y discreta, pero con una eficiencia total. Hemos visto casi 700 recursos, este año con un aumento de casi el 40% con respecto al año anterior, una cuantía de contratos de más de cinco mil millones de euros y poniendo fin a la vía administrativa y con una escasa litigiosidad. Es decir, solo un 3% de las resoluciones del tribunal aproximadamente han ido a la vía contenciosa. Estamos contribuyendo a mejorar la contratación pública de una manera rápida, en plazos de 23 días hábiles a depurar la contratación administrativa y mejorar que los contratos se ajusten no solamente a la ley sino a una mejor relación calidad precio. Como Consejo Consultivo ha habido "autoritas" e independencia y como Tribunal, un instrumento de eficiencia.

-En las reclamaciones patrimoniales el Consultivo coincide casi siempre con lo que había dictaminado ya la administración. ¿No son un órgano redundante?

-No, coinciden en algunos casos y otros no. Tenga en cuenta que en una reclamación de responsabilidad patrimonial la carga de la prueba la tiene el reclamante y por lo tanto es el que tiene que demostrar que ha sufrido un daño o un perjuicio como consecuencia del mal funcionamiento de los servicios públicos. No quiero decir con eso que sea muy difícil para el ciudadano que le den la razón, pero hay que demostrar la relación entre el daño sufrido y el funcionamiento de los servicios públicos. Puede haber casos en que la razón la lleve el reclamante, pero sea incapaz de demostrarlo. Pero tiene que haber unas garantías que protegen a la administración que, en principio, sirve al interés general y es un instrumento de todos, no particular.

-¿Hay casos en que el ciudadano tiene en el fondo razón pero una ley injusta o poco equitativa se la quita?.

-Siempre hemos hablado de la famosa irrupción es de animales en la calzada y de la atribución de la responsabilidad al conductor del vehículo, aunque empieza a haber una mutación jurisprudencial. Ya lo aventuró el Consejo Consultivo en su día, no se puede cargar la prueba sobre los vecinos de municipios que tienen que convivir con la fauna, que puede ser una maravilla, pero no pueden ser los conductores responsables de daños que objetivamente no se les pueden atribuir. Eso está regulado en la ley del carnet de conducir por puntos, habría que intentar regularlo mejor y tarde o temprano yo creo que se hará. Ahora casi no tenemos supuestos de este tipo por las cuantías, pero había años que teníamos entre 600 y 700 dictámenes por irrupción de animales en la calzada. Ahora hay alguno, uno o dos al año, porque tienen cuantías importantes.