El senador del Partido Popular de Zamora Javier Faúndez y el procurador regional Óscar Reguera han salido en defensa de los toros y la caza frente al "ecologismo de salón" y presentarán iniciativas tanto en las Cortes autonómicas como en el Senado para que el resto de fuerzas políticas, como PSOE, Ciudadanos y Podemos se pronuncien claramente y sin "oscuro lenguaje" frente a ambas cuestiones.

Los populares defienden ambas actividades por su potencial económico, su arraigo en la sociedad española y en el caso de la caza, además, por su valor ecológico. La caza, dijo Reguera, contribuye a la conservación sostenible de la biodiversidad, ya que controla los excesos de poblaciones, es una actividad económica sostenible que contribuye a la creación de empleo y fijación de población en el mundo rural, contribuye a controlar enfermedades y palia los daños de accidentes producidos por la fauna.

Faúndez explicó que los toros son una actividad totalmente lícita y legal, que está siendo "agredida por los grupos animalistas" que se han reunido con el Gobierno para prohibir la lidia. "Quieren abolir la fiesta nacional, una costumbre muy extendida" en provincias como Zamora que cada año acoge un gran número de festejos. "Nos preocupa lo que hará el Gobierno que se reunió con el Partido Animalista, Pacma, para pedirle la tauromaquia cero".

Faúndez criticó además al Gobierno socialista por relajar las condiciones que tenían asumidas las empresas de telefonía para la extensión de la banda ancha de Internet en el medio rural y haber dejado fuera proyectos por valor de 27 millones de euros en la convocatoria para el despegue digital en zonas de mala cobertura o blancas. El senador explicó los planes existentes para la extensión de la banda ancha de Internet al medio rural. Contó que el PP antes de dejar el Gobierno diseño el Plan 300 por 100 (velocidad de 300 megas para el cien por cien de los municipios) y dotó con 525 millones el plan de 2018 a 2021. El primer paquete de este plan salió con 150 millones de euros, 30 del presupuesto del Estado y 120 de fondos europeos Feder. De 306 proyectos presentados a esta convocatoria se aprobaron 185, con 122,6 millones, con lo que hay 27 millones que no se han aprovechado.

Además, dijo, las grandes telefónicas, como Movistar, Vodafone y Orange accedieron a las frecuencias subastadas por el Gobierno, que les imponían una serie de obligaciones para hacer llegar Internet de 30 megas al 95% de la población que reside en municipios de menos de cinco mil habitantes. Pues bien, según explicó el político popular, ahora el Gobierno ha relajado esas exigencias a las compañías telefónicas, lo que afectará a la calidad de la llegada de Internet a los núcleos rurales.