11 de diciembre de 2018
11.12.2018
La Opinión de Zamora

El Contencioso dice que la reestructuración de Intervención fue legal

La juez subraya que fue el propio funcionario quien propuso al alcalde redefinir el área para ampliar las funciones de la viceinterventora y adjudicarle a él "estudios y programas" I Guarido insiste en que ha actuado con "ecuanimidad y coherencia"

11.12.2018 | 19:17
Francisco Javier López, interventor municipal

La juez del Contencioso estima legal la reestructuración de la Intervención Municipal acordada por el alcalde de IU en Zamora, Francisco Guarido, y por su teniente de Alcalde, Miguel Ángel Viñas, por la que se nombraba como responsable de ese área a la viceinterventora en sustitución del titular, Francisco Javier López, que recurrió ante ese Juzgado los decretos por los que se configuraba el nuevo reparto de responsabilidades entre dichos funcionarios, a instancias del propio demandante. Es más, la magistrada recoge que esa redefinición de tareas encomendaba a la viceinterventora la asistencia a las mesas de contratación, lo que justifica que no pudiera estar en ellas Francisco Javier López.

Guarido defiende que ha actuado con "ecuanimidad y coherencia" en la toma de decisiones respecto de este área e insiste en su "voluntad de pacificación", tanto en este caso como en otros que han tomado un cariz de conflicto. Asimismo, subraya que el Juzgado viene ahora a confirmar que "todo se realizó con la más estricta legalidad", ya que "fue el propio interventor quien realizó la propuesta y el alcalde lo autorizó" y "porque cualquier reversión de la situación propuesta por el interventor inicialmente necesitaría también la autorización del alcalde como máximo responsable de todo el personal del Ayuntamiento".

El alcalde recuerda que fue el propio interventor municipal, como admite la sentencia, quien le propuso delegar las funciones de "fiscalización" en la viceinterventora y crear un área en la Intervención de "estudios y programas" que podría ocupar él mismo. Guarido firmó el decreto el 8 de noviembre de 2017 que recogía "en su integridad la propuesta del interventor", decisiones que el alto funcionario recurrió despúes ante el Contencioso y denunció en el Juzgado por un posible delito de prevaricación. El resto de decretos recurridos eran del 15 de diciembre de 2017, del 8 de enero de 2018, del 11 de enero de 2018 y del 21 de enero de 2018.

Guarido remitirá de inmediato esta sentencia del Juzgado Contencioso favorable al Ayuntamiento al Juzgado que investiga la denuncia interpuesta por el interventor municipal -actualmente apartado del servicio de Intervención municipal- contra el alcalde, contra Viñas y  contra el secretario municipal, José María García Sánchez, por delitos contra la integridad moral y de coacciones, al acusarles de cometer "actos prevaricatorios", ya que la considera decisiva, "crucial", para que la magistrada decida el archivo de esa causa o la absolución de los tres investigados. El interventor suspendido en funciones acusó a los dos mandatarios municipales de IU y al secretario municipal de impedirle formar parte de tres mesas de contratación, a pesar de que era miembro nato de las mismas por razón de su cargo en la institución local. El Juzgado Contencioso indica ahora que esa decisión fue legal, puesto que esa función había recaído en la viceinterventora con la reestructuración del servicio. 
 

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