La regularización catastral ha supuesto 2,2 millones en multas en la provincia

Zamora está siendo una de las provincias donde más impacto ha tenido el proceso de regularización catastral, ya que según los datos de Hacienda ofrecidos por la agencia Ical ocupa nada menos que el tercer puesto de la región, con 37.269 inmuebles regularizados, cifra que solo superan León, que tienen 58.026 y, por poco, Salamanca, con 37.312, poco más de un centenar más que los localizados en Zamora.

Se trata de un proceso que ha generado no pocas quejas por parte de los particulares afectados y de hecho uno de los puntos donde más reclamaciones ha habido ha sido la propia capital, donde muchos propietarios se sienten perjudicados por el proceso de afloramiento de inmuebles sin declarar en el catastro, ya que consideran que el proceso no se ha hecho bien y se computan como reformas o ampliaciones obras de mero mantenimiento de lo existente. El 1,23% de los inmuebles regularizados ha generado algún tipo de queja en la provincia de Zamora, que suma 514, mientras que en el caso de la capital sube al 2%, según los datos facilitados en su día por el Catastro.

El Ministerio de Hacienda tiene previsto cerrar el procedimiento de regularización catastral que inició en el 2013 a finales de este año si no es necesario abrir una nueva prórroga el 31 de diciembre, ya que los trabajos de inspección siguen en curso en 326 municipios de Castilla y León. De ellos 50 siguen en curso en Zamora, una de las provincias con más municipios pendientes, junto con Salamanca, donde continúa en 70 ayuntamientos y Ávila, con 67 pendientes. Parecido a Zamora está Valladolid, ya que falta por llevar a cabo el proceso de regularización en 49 localidades, mientras que el León sólo faltan 29, dos menos en Soria, 24 en Segovia, siete en Palencia y tres en la provincia de Burgos. El proceso extraordinario, concluya o no este año, reportará grandes beneficios a las arcas gubernamentales, ya que cada bien destapado hasta la fecha y son 266.867 en la Comunidad, supone una tasa de regularización de 60 euros, lo que representa ingresos por encima de los 16 millones en la Comunidad, a los que habría que sumar luego los incrementos de recaudación tributaria.

En el lado contrario, el procedimiento ha generado casi cuatro mil reclamaciones de ciudadanos de la comunidad, en desacuerdo con el resultado de la inspección. En concreto y según los datos aportados por el Ministerio de Hacienda a Ical, del total de procedimientos de regularización iniciados en Castilla y León, en un 1,4% los titulares recurrieron las descripciones catastrales de sus inmuebles, lo que supone 3.762 reclamaciones.

Y es que el Catastro basa sus reclamaciones fundamentalmente en imágenes obtenidas por satélite o drones y es común que pueda considerar una construcción no declarada una piscina hinchable o una pérgola, cuando no pueden ser incluidas al no constituir estructuras fijas.

En este sentido, cabe destacar que la iniciación del procedimiento de regulación, que es de oficio, se comunica a los interesados para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de 15 días. Si la regularización catastral ya es firme, el propietario puede recurrir la decisión vía recurso administrativo de reposición; o si es rechazado, con una reclamación económica administrativa. Cuando la vía administrativa fracasa, existe la posibilidad también de acudir a los tribunales, a la vía del contencioso a través de un procedimiento judicial.

La regularización tiene como finalidad la incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características (reformas, ampliaciones, cambios de uso o piscinas), que no hayan sido declarados correctamente por sus titulares, para abonar el IBI correspondiente. Ha aflorado en la región 235.235 bienes urbanos y 31.632 rústicos.