Ni una docena de funcionarios secundó ayer la huelga general convocada por los sindicatos CSIF, CC OO, UGT y STAJ a nivel nacional en protesta por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que modifica sus condiciones laborales y contempla la movilidad forzosa, es decir, la unificación de los centros de destino de cada municipio en uno solo y no dentro del juzgado, como hasta ahora venía sucediendo.
La movilización exigir que se sigan cubriendo las bajas de funcionarios interinos que el Gobierno elimina con esa reforma y que implica aumentar la carga de trabajo actual, importante ante la falta de medios humanos que vienen denunciando los sindicatos.
La equiparación del salario con funcionarios de Justicia de las comunidades autónomas que tienen transferida la competencia es otra de las reivindicaciones, puesto que las diferencias de retribuciones ascienden a los 600 euros, según denuncian los sindicatos. A pesar de que los funcionarios están de acuerdo con estas exigencias, lo cierto es que prácticamente ninguno secundó ayer la jornada de huelga, que culminó en Madrid con una concentración con escasa repercusión, ya que solo un 13% de los trabajadores siguió la huelga.
