El decreto ley que el Gobierno publicó el viernes para que sean los bancos y no los clientes los que paguen el impuesto de Actos Jurídicos Documentados tiene una gran laguna: se olvida de las cajas rurales, entre ellas „evidentemente„ de Caja Rural de Zamora. Se trata de una trampilla por la que se cuelan alrededor del cinco por ciento de las hipotecas firmadas en el territorio nacional, un porcentaje que en Zamora es mucho más elevado por la implantación que en la provincia tiene Caja Rural. De hecho, la entidad cooperativa es la entidad que más préstamos dedicados a la compra de una vivienda firma en la provincia.

Aunque no hay valoración oficial de Caja Rural de Zamora, el sector se remite a lo apuntado en los últimos días. Es decir, "de momento, tranquilidad". La firma de hipotecas se realizará, en cualquier caso, conforme a la ley, lo que hoy por hoy „si se interpreta la norma de forma tajante„ significa que las hipotecas que se firmen con una caja rural o cooperativa de crédito no pagan el impuesto de Actos Jurídicos Documentados porque ambas partes están exentas.

Con todo, la tendencia dentro del sector es la de exigir mayor seguridad jurídica al Gobierno de Pedro Sánchez. El director general de Caja Rural de Zamora, que se pronunció sobre el tema a finales de la semana pasada, apuntó entonces que "resulta extraño que se eche por tierra un método de funcionar ajustado a la ley y con el que se lleva funcionando quince años". Sobre la laguna legal que deja a las cajas rurales sin obligación de pagar el impuesto, sin que tampoco haya valoración oficial de la entidad zamorana respecto a este punto, se da por sentado que la tramitación de la ley que se debería producir en las próximas semanas acabe con esta situación.

La situación se deriva de una norma de 1990 en la que se dice que las cajas rurales y cooperativas de crédito estas exentas del pago del impuesto. Se daba por sentado que esta excepción a la norma se producía cuando eran estas entidades las que recibían el dinero, no cuando eran las que lo prestaban „ya que entonces eran los clientes los que asumían el impuesto de Actos Jurídicos Documentados„. Sin embargo, al no incluir el decreto ley ninguna meción que obligue a las cajas rurales y al quedar exento del pago el prestatario, se interpreta que nadie está obligado al pago.

El impuesto de Actos Jurídicos Documentados, establecido en Castilla y León con un tipo del 1,5% (el máximo que permite la ley), lo recibe la administración regional y es consecuencia de la escritura pública de constitución de una hipoteca ante notario. En la provincia asciende aproximadamente a 1.500 euros por hipoteca y supone unos ingresos para la administración de unos 300.000 euros anuales, según informó la semana pasada este mismo diario.