"La situación actual se deriva fundamentalmente de una mala gestión por nuestra parte". Con estas palabras se expresaba ayer el magistrado Sebastián Moralo, de la Sala IV del Tribunal Supremo, al ser preguntado por la polémica suscitada tras decidir el Pleno del Alto Tribunal que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el que grava la firma en escritura pública de una hipoteca, debe pagarlo el cliente y no la entidad financiera. Moralo entró de lleno en una polémica suscitada por la decisión del Pleno de enmendar una sentencia dictada días antes. "La gestión de este tema ha sido deficitaria, tendríamos que haberlo hecho mejor y llevar el asunto al Pleno del Supremo desde el primer momento", añadió el magistrado a preguntas de los medios de comunicación.

Moralo „presente ayer en Zamora por una invitación del sindicato UGT a la jornada "Negociación colectiva y reparto de la riqueza" organizada con motivo del 130 aniversario del sindicato a nivel nacional„, quiso no obstante espantar el fantasma de la presión del sector financiero a los jueces del Alto Tribunal. "En absoluto estamos ante un caso de falta de independencia judicial", subrayó el magistrado. "Para el ciudadano puede ser difícil de creer, pero ha sido un problema nuestro, una mala gestión de una situación de crisis que no tiene nada que ver con la falta de independencia del Supremo. Ha sido", insistió, "un funcionamiento inadecuado de los protocolos de actuación para los asuntos que van a Pleno".

El juez reconoció la pérdida de credibilidad que lo ocurrido en los últimos días causa al Tribunal Supremo. "Afecta a nuestro prestigio como institución. La actuación es muy difícil de entender y lamentablemente es normal que la sociedad otorgue menos credibilidad a los jueces. No lo merecemos, pero hemos sufrido un desprestigio importante y debemos intentar recuperar la imagen de la institución", añadió.

Sobre el fondo de la cuestión, la propia ley tributaria y quién es el sujeto pasivo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, Moralo aseguró que la ley es "confusa" y celebró la decisión del Gobierno de aclarar la situación. "La ley dice que el impuesto lo paga quien tenga interés en la firma del contrato y es evidente que el cliente también lo tiene", aseguró, por lo que abogó por aclarar la situación para evitar polémicas futuras.

Sobre la decisión del Tribunal Supremo y el anuncio del Gobierno de que el impuesto de las hipotecas lo paguen los bancos se posicionó también ayer Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora. "Nuestro máximo interés es que se normalice y se aclare la situación", aseguró García al ser preguntado por los medios. "Parece irracional que haya tantas dudas y tantos problemas con algo que se lleva haciendo quince años de forma normal y ajustada a la ley", aseguró el representante de Caja Rural.

"Nosotros siempre hemos cumplido la ley y ahora pedimos que se aclare el criterio a seguir", añadió el director general de la entidad zamorana, que puso sobre la mesa el perjuicio que la incertidumbre causa al sector "no solo de forma directa, si no para los accionistas del sector. Todo el mundo debería tener en cuenta la repercusión de estas acciones".

Cipriano García auguró además que, de confirmarse que son los bancos los que deben pagar el impuesto de las hipotecas, "seguramente" los préstamos se encarezcan. "Todo el mundo tiene claro que esto es un negocio y que deben existir unos márgenes razonables, con un equilibrio entre los precios de compra y de venta. Los beneficios se pueden ajustar, pero es evidente que tiene que haber un margen". Por último, García abogó por "continuar con la actividad normal" y recordó que "Caja Rural es la entidad que más hipotecas concede en Zamora, aproximadamente el 50% del total".