Ocupan un discreto rincón en el cementerio de San Atilano. Tan discreto como fue su muerte, ajena al menor gesto de dolor por su pérdida. Son los otros muertos, los que dejan esta vida sin que nadie les eche de menos. O, al menos, sin que alguien reclame sus cuerpos. Abandonados a su suerte, los cadáveres toman sepultura gratuita en la zona de San Atilano denominada los "Desamparados", dispuesta por el Ayuntamiento de la capital para este fin, identificada con un cartel metálico tan ajado como la vida de quienes descansan en esas tumbas identificadas por cruces austeras.

Hasta llegar a este destino, los avatares de estos cadáveres son múltiples. Pasan, en primer lugar, por las manos de los forenses, por la sala de autopsias del Instituto de Medicina Legal, anexa al camposanto, donde se les practica un exhaustivo examen para determinar la causa del deceso. El objetivo no es solo identificar el cadáver si no existe un documento que acredite quién es el fallecido, sino descartar que hayan sido víctimas de una muerte violenta, homicidio o asesinato, y certificar la causa del fallecimiento. Solo con ese informe de la autopsia, el juez podrá ordenar la inhumación del cuerpo, trámite previo a su depósito en los "Desamparados".

El juzgado tratará de localizar a algún familiar del finado. De no conseguirlo, se inician los trámites para poner en marcha el sistema de enterramiento que fue de beneficencia en su día, un deber de la institución más cercana al ciudadano, el Ayuntamiento. La inhumación, cuyo coste mínimo ronda los 2.000 euros si se realiza con máxima sobriedad, corre a cargo de las funerarias que operan en el municipio, una condición inherente a la concesión para poner en marcha el negocio.

En la actualidad, el Ministerio de Justicia tiene adjudicado el servicio funerario a una determinada empresa, la que se ocupará, en adelante, de preparar estos cadáveres para sepultarlos y de su traslado al cementerio de San Atilano.

Durante los primeros tiempos de la crisis, los autoridades se encontraban con varios muertos cada, hasta cuatro, según las fuentes consultadas. Por lo general son personas procedentes de otros puntos del país, inmigrantes o extranjeros; son, normalmente, personas que viven en la miseria, a los que se ha dado en llamar "los sin techo".

Los últimos cadáveres que llegaron a la sala de autopsias del Instituto de Medicina Legal fueron los de un inmigrante de los países del Este y un español nacido en la zona de levante. Una vez determinadas sus identidades, realizadas las indagaciones sobre su origen, fue preciso recurrir al enterramiento por orden judicial. Nadie les buscó.