La Fiscalía exige una condena a 2,5 años de prisión por un delito de estafa para un empresario gallego que se comprometió a entregar cuatro motocicletas a dos zamoranos propietarios de un negocio de venta de este tipo de vehículos que ingresaron 26.413 euros en su cuenta, como parte del contrato que habían firmado al inicio de 2008. Los dos socios zamoranos se quedaron sin el dinero y sin las motos, por lo que la Fiscalía considera que el vendedor gallego cometió un delito de estafa, ideado previamente y con el objetivo de enriquecerse, en el que se aprovechó de la confianza que los industriales zamoranos tenían en que cumpliría su parte del trato, como ya había hecho con otros dos pedidos anteriores en 2007, cuando recibieron los artículos sin problemas.

El Ministerio Público sostiene que el imputado, de iniciales S.C.B., sabía que no podría entregar los artículos comprometidos porque ya había tenido problemas con las dos sociedades que le suministraban el producto, con las que había pleiteado.

El abogado de la acusación particular exigió el máximo de condena a la magistrada del Juzgado lo Penal e insistió en que sus clientes trataron de localizar sin éxito al acusado al comprobar que no recibían las motos, lo que resultó imposible, al igual que al Juzgado que investigó la causa y al propio de lo Penal que ayer celebró la vista oral, que tuvo que ordenar la busca y captura del procesado, puesto que estaba en paradero desconocido.

El letrado negó que sus defendidos supieran de las dificultades que el imputado tenía con su negocio para conseguir los vehículos e incidió en que realizó una visita al negocio zamorano para captarles como clientes y "ganarse su confianza", como así logró. Los dos empresarios relataron cómo se produjo el engaño y que, una vez hecha la transferencia bancaria, les fue imposible localizar al proveedor, que se dedicaba a la venta de vehículos adquiridos a menor precio que los ofrecidos por los concesionarios de las marcas.

Para la defensa de S.C.B. no existe prueba que ratifique la estafa, ya que la actividad del negocio de venta de motocicletas, a través de una sociedad gallega y otra portuguesa, era real, no estaba basado en ningún engaño, cumplían con la Agencia Tributaria y el resto de requisitos a los que está obligado cualquier empresario. "El riesgo contraído" por los empresarios zamoranos "es el ordinario en este negocio", indicó para señalar que para evitarlo podrían haber comprado a concesionarios oficiales.