La Fiscalía Provincial exige 2,5 años para un para un empresario del sector inmobiliario por estafa, al vender dos propiedades valoradas en 150.000 euros en 2009 a través de un contrato privado y sin elevarlo a escritura pública, lo que le habría permitido volver a disponer de ellas: para hipotecar una, el piso, y vender la tercera parte de la otra, un local comercial.
El acusado, M.P.C., sí escrituró los bienes que vendió por segunda vez, sostiene la fiscal en las conclusiones expuestas en el Juzgado de lo Penal, tras celebrarse el juicio ayer. Los dos propiedades están situadas en las localidades de Poio y de Pontecaldelas, en la provincia de Pontevedra.
La defensa, sin embargo, negó la estafa porque ni hubo engaño, por lo que no se puede hablar de estafa, mientras subrayaba que "estamos ante dos personas que han sido socios con el interés común de comprar y desarrollar suelo en Galicia", donde se ubicaban las dos propiedades sobre las que se discute si el imputado pretendió quedarse con dinero de quien le denunció. Es más, llegó a decir que su defendido había firmado los documentos que el denunciante y exsocio le había puesto delante, negando, incluso, que la cantidad que le fue entregada por el inmueble y el local comercial se correspondiera con una cantidad mayor de 75.000 euros, la mitad justo de la cuantía que la Fiscalía sostiene que estafó al otro empresario del sector inmobiliario. La defensa tampoco considera que se haya provocado un daño como para que se le pueda imputar a su cliente el delito de estafa.
