Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo la operación "Pandora" con actuaciones en varias provincias de España. Como resultado, se ha destapado un fraude contra la TGSS cuantificado en más de 27 millones de euros, tres de ellos correspondientes a una empresa de Zamora.

Por lo que refiere al caso de la provincia, la Policía Nacional desarticuló un grupo criminal al que se le imputó un delito contra la Seguridad Social en relación con las maniobras llevadas a cabo sobre un grupo empresarial que sistemáticamente eludía el pago de seguros sociales a la Seguridad Social. Todas las sociedades investigadas estaban encuadradas en el sector de la madera o la silvicultura, desarrollándola en el mismo local. Para ello utilizaban indistintamente los mismos proveedores, los mismos trabajadores que intercambiaban entre empresas, la misma materia prima y la misma maquinaria.

"Llama la atención que uno de los administradores únicos detenidos ha defraudado durante 37 años un total de 1.026.153,47 euros a la Tesorería General. Entre los años 1995 y 2018 (23 años), no abonó las deudas generadas con la Seguridad Social por su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), ni las deudas generadas desde el año 2001 hasta el 2014 (14 años) por la razón social a su nombre. Esta persona ya fue detenida en el año 2006 por un delito de insolvencia punible cuando formaba parte de un grupo de empresas dedicadas a la hostelería", apuntan desde la Policía.

A partir del año 2007, los tres administradores se unieron para crear un grupo criminal organizado dedicado a defraudar a la Seguridad Social, para lo que crearon una serie de empresas dedicadas al tratamiento de la madera, aserradero y servicios de apoyo a la silvicultura.

Así, el líder del grupo sería el encargado de conseguir los proveedores y los clientes mientras que otro, titular de la asesoría autorizada, se encargaba de la parte administrativa. Un tercero puso a disposición del grupo la nave en la que desarrolló la actividad, encargándose además de controlar a los trabajadores y de supervisar el buen desarrollo de la actividad laboral llevada a cabo por los trabajos en la cadena de montaje. El grupo empresarial y el resto de empresas investigadas han mantenido durante el tiempo de actividad un total de 349 trabajadores, detectándose un fraude a la Seguridad Social por importe de 3.176.139,51 euros.

Las investigaciones comenzaron a finales del año 2017, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social y sus diferentes organismos remitieron distintos escritos-denuncia a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional.

Durante la operación, a nivel nacional, se han revisado y analizado 22 expedientes que afectaban a diecisiete provincias de once comunidades autónomas, culminando con la implicación de los investigados en delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales y grupo organizado. Los responsables del delito han resultado ser principalmente los responsables de hecho de las empresas, pero también sus testaferros -que eran algunos trabajadores que figuraban en connivencia- y familiares de los primeros.