El defensor del profesor, la figura con la que cuenta el sindicato de docentes ANPE a nivel de Castilla y León para amparar los derechos de estos profesionales, ha alertado sobre el incremento de las denuncias por insultos o difamaciones a los profesores a través de los grupos de WhatsApp de padres y madres en los últimos cursos.
Esta circunstancia ha provocado que en las últimas semanas el sindicato ANPE en Zamora haya enviado una circular a las asociaciones de padres de los centros de la capital para informarles sobre una campaña que se está realizando desde el propio sindicato para que se haga un mejor uso de esta herramienta tan utilizada por los usuarios de teléfonos móviles.
La alerta también ha llegado hasta la Fiscalía General del Estado, desde donde se ha advertido del uso de chats por parte de los padres en los que "se falta al respeto al profesorado, a compañeros de clase o a la comunidad educativa en general", enumeran.
En este sentido, el Ministerio Público incide, en su memoria anual, en la importancia "de la prevención y la educación en el uso de las nuevas tecnologías, que no deben restringirse a los menores, sino también a los padres", inciden.
Por esa razón, el sindicato de profesores apunta que los grupos de WhatsApp de madres y padres, que se una herramienta comúnmente utilizada en el entorno de los centros educativos "se puede convertir, en algunos casos, en la vía más rápida para criticar al docente o su labor". Por ello, ANPE recuerda que para cualquier queja o sugerencia "se deben utilizar los cauces establecidos y no tratar de solucionarlo por este medio, que desvirtúa la comunicación directa que tiene que existir entre la familia y el centro", justifica el sindicato docente.
La figura del defensor del profesor es un servicio pionero en la ayuda al docente en relación a los problemas de convivencia escolar. ANPE lo puso en marcha el 30 de noviembre de 2005, y, desde entonces, ha atendido a más de treinta mil profesores de todos los niveles educativos en todo el Estado. "Desde la puesta en marcha del servicio se ha demostrado la oportunidad y la necesidad del mismo", aseguran.
A nivel social, se ha generado un debate sobre la conflictividad en las aulas gracias a la difusión, a través de los medios de comunicación, de los datos recogidos desde todos los servicios autonómicos. En la actualidad, todas las comunidades cuentan con esta figura, que también actúa como observatorio sobre la violencia escolar y sus informes estructuran las reivindicaciones sindicales sobre la mejora de la convivencia.
