El Ministerio de Hacienda acaba de hacer pública la lista de las 34 localidades de la provincia de Zamora a las que se aplicarán los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, en caso de que finalmente llegue a aprobarse, claro, ya que el proyecto está de momento varado en el Parlamento.
Las localidades afectadas son Almaraz de Duero, Ayoó de Vidriales, Belver de los Montes, Bretocino, Calzadilla de Tera, Castroverde de Campos, El Perdigón, Fariza, Fermoselle, Ferreras de Arriba, Ferreruela, Gallegos del Río, Jambrina, Lubián, Manganeses de la Polvorosa, Milles de la Polvorosa, Perilla de Castro, Piedrahíta de Castro, Pobladura de Valderaduey, Prado, Rionegro del Puente, Robleda-Cervantes, Roelos de Sayago, Salce, San Esteban del Molar, Santovenia, Valdescorriel, Vega de Tera, Venialbo, Villadepera, Villanueva del Campo, Villar de Fallaves, Villardiegua de la Ribera y Villardondiego.
Requisitos
Uno de los requisitos que pide Hacienda para aplicar los nuevos coeficientes es que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. Y todos lo cumplen, ya que la última revisión se produjo en los distintos ayuntamientos entre los años 1989, la más antigua y 2012, la más moderna.
El segundo de los condicionantes para acceder a los nuevos coeficientes es "que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio".
Y todavía tienen que cumplir un tercer trámite, que los propios ayuntamientos afectados hayan presentado su solicitud ante la Dirección General del Catastro antes del 31 de mayo.
El principal efecto de la modificación de los valores catastrales reside en el cobro del recibo del IBI, un impuesto municipal que se basa en la valoración oficial que tengan los inmuebles.
