El Ayuntamiento de Zamora ha iniciado un proceso contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocido como el "banco malo", para la recuperación de una parcela situada en el barrio de San Frontis en la que se iban a construir 16 viviendas de protección oficial (VPO) que nunca llegaron a ver la luz. Aprovechando la caducidad de la licencia de obra, Francisco Guarido ha anunciado la intención municipal de revertir esos terrenos a titularidad municipal dado el "inexistente interés" en terminar los trabajos. A día de hoy, el edificio donde debían erigirse estos inmuebles se encuentra en los esqueletos y sin visos de continuar con la obra. Hechos, estos últimos, que han terminado por colmar la paciencia del actual equipo de Gobierno, que ya ha realizado maniobras similares en Vista Alegre o el barrio de Pinilla.

La parcela que el Ayuntamiento de Zamora quiere reincorporar al catálogo de terrenos de titularidad municipal se encuentra en la calle Manuel Antón Martín, en la parte trasera de la iglesia de San Frontis. El conflicto con este conjunto arrancó en el año 2007 con la venta de los terrenos a la empresa Covical para la construcción de 16 viviendas de protección oficial. En el año 2009 se concedió la primera licencia de obra y arrancaron los trabajos, que duraron hasta la quiebra de la constructora. Por aquel entonces, varias familias habían ya entregado dinero a la promotora -algunos hasta 18.000 euros- y quedaron en la estacada, viéndose obligados a recurrir al ámbito judicial para proteger sus derechos.

Covical, antes de su quiebra, había logrado levantar el esqueleto de encofrado, las fachadas y el tejado. A día de hoy, todo permanece igual. Tras la subrogación del contrato y las licencias a otra constructora en enero de 2011, aquella firma no llegó nunca a tocar un solo ladrillo y ahora el terreno permanece a la Sareb, quien se hizo cargo de la hipoteca por valor de 1,4 millones de euros concedida a la primera empresa para levantar estos pisos de protección oficial en el barrio de San Frontis.

El denominado "banco malo", de hecho, quiso deshacerse del bloque hace poco más de un año, cuando sacó todo el conjunto a subasta por 2,4 millones de euros, el valor que se fijó en la escritura del préstamo hipotecario. Sin embargo, no consta que nadie se sumara a la puja para la compra del edificio impulsada a través del portal de internet del Ministerio de Justicia en febrero del año 2017.

Tras esta sucesión de episodios, el Ayuntamiento de Zamora quiere ahora que los terrenos en los que se sitúa el esqueleto de las 16 viviendas de protección oficial pasen de nuevo a titularidad municipal, como así ocurrió con las parcelas de Proinsa en Cardenal Cisneros, la del centro de ocio de Vista Alegre o la de las VPO del barrio de Pinilla, también vendidas en su momento a la constructora Covical y cuyos afectados habían entregado dinero al igual que hicieron los de San Frontis.

En el seno del Consistorio municipal confían en que, aunque el proceso se dilate en el tiempo, "el resultado será satisfactorio". Así lo ha manifestado Francisco Guarido, que ha sido el encargado de abordar esta situación después de varios años desde que las obras se encuentran en el dique seco.