La Audiencia Provincial deberá decidir si condena a 46 años y cinco meses de prisión a los siete imputados en el posible desvío de fondos del Ministerio de Fomento para el mantenimiento de carreteras en la comarca de Sanabría a la construcción de parte del chalé del exingeniero jefe de la Unidad de Carreteras de la provincia, de iniciales R.T.R, y de su esposa, P.C.Ch., quienes aparecen en los documentos como promotores del proyecto, que ascendió a 300.000 euros, según ha podido saber La Opinión-El Correo de Zamora.

El matrimonio imputado habría contratado la edificación, según la Fiscalía Provincial, con la connivencia de cinco responsables de empresas integrantes de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Puebla de Sanabria, de la sociedad Cisa Castilla, y de otras subcontratadas, como la lusa Perforaciones Roinsa que intervino en la construcción de la casa de 700 metros cuadrados ubicada en Roales del Pan, en dos parcelas de la calle del Camino del Cementerio, números del 13 y 15.

El fiscal jefe, Rafael De Vega Irañeta, que inició de oficio la investigación, exige 12 años y 6 meses de prisión, 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público y multas por 17.000 euros para el exingeniero jefe por la financiación de parte de su chalé de Roales del Pan con fondos de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Puebla de Sanabria. De Vega Irañeta le imputa los delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y cohecho. A la esposa del funcionario, de iniciales P.C.Ch., le acusa de los estafa y falsedad en documento mercantil, por los que exige una condena de 4 años de cárcel y la imposición de multas por 4.800 euros a la Audiencia que juzgará el caso.

Otros cuatro imputados se enfrentan a 30 años de prisión (7 años y medio para cada uno), además de a 8 años de inhabilitación cada uno para optar a ayudas o subvenciones públicas; para contratar con entes, organismos o entidades del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social. En concreto, estos procesados son el jefe de obra de la UTE, cuyo nombre responde a las iniciales de M.S.A.; los administradores de la empresa asturiana Contratas Iglesias, a la que pertenecía Cisa Castilla, L.I.S. y M.F.I.S.; y el jefe de obra de Cisa Castilla, C.C.D., delegado de la misma.

Las multas que solicita el Ministerio Público para cada uno de estos procesados por los delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y cohecho privado ascienden a 13.500 euros.

Confesión

El séptimo procesado, de iniciales R.C.S.D., era propietario de la sociedad Perforaciones Roinsa, precisamente, a la que Cisa Castilla subcontrató la obra, iniciada en junio de 2011 por otra firma portuguesa, Neves y Dual, también por encargo de Castilla. El imputado, para el que De Vega Irañeta pide cinco meses de prisión y multa de 720 euros al aplicarle la atenuante de confesión y colaboración con la justicia, relató a la Fiscalía que el delegado de Cisa Castilla y procesado, C.C.D., cuando esta sociedad entró en concurso de acreedores, le había indicado que "debía emitir las facturas por la construcción del chalé de R.T.R.", el exingeniero de Carreteras de Zamora, "a la UTE Puebla de Sanabria, pues sería la única forma de cobrar".

En su declaración ante el fiscal jefe y en presencia de la juez de Puebla de Sanabria instructora de la causa, el dueño de Perforaciones Roinsa añade que el delgado de Cisa Castilla le manifiesta que "si quería cobrar tenía que hacerlo de esa manera y bajo el siguiente concepto: Rehabilitación del firme de las carreteras A-52, tramos Puebla de Sanabria-Requejo e inserción N-VI con L.P. Orense provincia de Zamora" y de "un desmontaje barrera de seguridad doble onda y barandilla". Estas indicaciones se reflejaron, según el escrito de acusación de la Fiscalía, en una nota de puño y letra de C.C.D., quien reconoció que la había redactado, y que se adjuntó a una factura de 46.191,10 euros, del 2 de mayo de 212.

"Todo ello, en perjuicio del Ministerio de Fomento", concluye el fiscal, puesto que "el trabajo realizado por la empresa Roinsa", propiedad del imputado R.C.S.D., se incluye en facturas como obras efectuadas en las carreteras A-52 y en N-VI de la localidad de Puebla de Sanabria, cuando "el propio investigado reconoció que no había trabajado nunca" en esas vías, de las que desconocía el lugar de ubicación y los kilómetros que tenían. El fiscal jefe acaba asegurando que los pagos que efectuó la UTE con el dinero que recibía del Ministerio para financiar el mantenimiento de carreteras se destinó, "en realidad, a trabajos realizados en la vivienda en construcción de R.T.R. y de P.C.Ch.", su esposa.

Indemnizar al Ministerio

Tanto el matrimonio como el resto de acusados tendrán que indemnizar a Fomento con 55.189,78 euros, responsabilidad civil equivalente a la cuantía supestamente defraudada a esa Administración y de la que responderá subsidiariamente la empresa Cisa Castilla que construyó la vivienda cuando formaba parte de la UTE. La Fiscalía solicita que esa sociedad no pueda obtener en 8 años ayudas o subvenciones públicas; contratar con entes, organismos o entidades del sector público ni gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social.

El matrimonio contrató la construcción de su chalé de Roales del Pan, "con entrega de llave en mano", con la empresa Cisa Castilla S.L., que "formaría" la UTE Puebla de Sanabria con Contratas Iglesias. En dicho contrato el matrimonio figuraba como promotor de la obra, cuya posible financiación ilegal se investiga.

El juez que recoge en el auto de procedimiento abreviado que, al menos, parte del inmueble se pagó con facturas falsas que simulaban ser de obras en firmes de la A-52 y de la N-VI.