Teléfonos móviles sin cobertura, TDT imposible de ver sin cortes o Internet, literalmente, inaccesible. Este es el día a día al que se enfrentan los vecinos de muchos pueblos de la provincia de Zamora mientras leen en los periódicos que las instituciones tratan de implementar la administración electrónica y que cada vez más trámites se realizan exclusivamente online. La situación se hace más visible en verano por el incremento de residentes en el entorno rural (lo que evidencia la incapacidad de las infraestructuras para abastecer de cobertura a todos los que la solicitan) pero está ahí durante todo el año.

Los mapas de cobertura que elaboran las diferentes compañías de telefonía evidencian las dificultades. La cobertura 4G existe en muchas zonas de la provincia, pero ni mucho menos puede considerarse que su implantación esté generalizada. Los principales núcleos de población no tiene, por lo general, problemas. Como si de la red de carreteras se tratase, la cobertura 4G se extiende por las principales vías de comunicación de la provincia. Las localidades cercanas a la A11 (autovía a Tordesillas) tienen cobertura, como la tienen los pueblos que están cerca de la A66 en dirección Benavente (no les pasa lo mismo a los que están cerca de esa vía pero en dirección a Salamanca). Hay también cobertura en el oeste de la provincia, aunque va por zonas. En el resto de localidades, ni oír hablar. El 3G está, en teoría, más extendido, mientras que la cobertura básica llega a prácticamente toda la provincia. En ese "prácticamente" es donde está el problema, porque en localidades zamoranas (principalmente de la Alta Sanabria) los vecinos ni siquiera pueden hablar por teléfono sin que aparezcan los problemas.

Solucionar el tema de la cobertura es fundamental en un contexto como el actual, en el que no disponer de ciertas conexiones aísla (aún más) a los residentes en el medio rural. La Diputación, sin ir más lejos, aprobó la semana pasada de forma unánime una propuesta de Izquierda Unida para acabar con el aislamiento digital. Pero el problema parte de la base de que la legislación actual deja muchos cabos sueltos. "La garantía del servicio universal corresponde al operador asignado para su prestación", apunta literalmente la legislación. El Ministerio vigila y controla, nada más.

Dicho decreto también recoge los derechos de los consumidores a la hora de reclamar a las compañías de telefonía. Aquí empieza otro debate que cristaliza en que españoles son, de acuerdo con las estadísticas, los europeos que menos satisfechos están con sus compañías de telefonía. Pese a todo, según indican los datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, los españoles pagan más que los vecinos franceses y que los portugueses. El 28% de los clientes asegura haber tenido problemas con su compañía.

Y es que, a pesar de que todos los ciudadanos tienen derecho a determinados servicios, la administración no tiene margen para intervenir. Hace unos meses la Junta reunió en el salón de actos del Centro de Salud Santa Elena a varias decenas de alcaldes en cuyas poblaciones hay dificultades con la cobertura de Internet. Se les informó de las subvenciones que aprueba la Junta pero también se les dijo que la administración no puede llevar el servicio a las localidades en "sombra". Es decir, la responsabilidad última de decidir qué localidades tienen, en este caso, fibra óptica, o no corresponde a las operadoras, que son las que tienen que solicitar las subvenciones para tal fin. El año pasado se aprobaron catorce proyectos en Castilla y León, ninguno de ellos relativo a la provincia de Zamora. Este año las subvenciones son mayores, pero la conectividad sigue dependiendo de las "telecos". En teoría, la fibra óptica tiene que llegar a Morales del Vino, Moraleja del Vino, Villaralbo, Fuentesaúco, Fermoselle y Puebla de Sanabria. Estas localidades, más Zamora, Benavente y Toro, son las únicas que tendrán esta conectividad.