La fiscal incidió en que Tragsa debió "extremar la precaución y las medidas de seguridad en caso de que el tiempo fuera húmedo y en zonas inestables", como se había acordado en abril de 2012, sin embargo, "lo que hizo fue excavar el talud sin un experto" que valorara los riesgos de tal actuación, causa del accidente laboral en el que perdió la vida el trabajador, a quien "se permitió seguir trabajando en la zanja que no era segura según el funcionario de la Consejería de Fomento". El siniestro ocurrido durante la modernización del canal Toro-Zamora en noviembre de 2012 ¿se podría haber evitado?", se preguntó la acusación particular para responderse afirmativamente y remitirse para ello al informe de la Inspección de Trabajo que abrió expediente y sancionó por dos infracciones graves; a los informes geológicos que indicaron que "el terreno era muy suelto y se podía prever que podría haber desprendimientos"; y a las condiciones metereológicas que contribuyeron a empeorar las condiciones del suelo. La defensa destacó el pago "voluntario" a la familia del obrero fallecido de 120.000 euros y 60.000 de intereses como indemnización; pidió la absolución por falta de pruebas causa-efecto y, si se condena a los acusados, exigió la atenuante de dilaciones y retirar la inhabilitación para trabajar.
