La presunta víctima, una mujer de 50 años y con discapacidad intelectual, describió en su denuncia las constantes agresiones sexuales a las que fue sometida por su marido desde que se casaran dos años antes, tiempo durante el que el hombre, de 70 años, la obligaba a practicar sexo contra su voluntad, a pesar de sus quejas que la llegaron a costar agresiones físicas.

Fue la última paliza, con lesiones de consideración para la mujer, lo que desencadenó la intervención del Juzgado, que investiga ahora el tortuoso matrimonio que la mujer afirma haber vivido, con vejaciones de todo tipo por parte de quien fue su marido durante esos dos años en los que asegura haber sido violada repetidamente e incluso fustigada en alguna ocasión mientras practicaban sexo, siempre de acuerdo con los términos en los que plantea la denuncia.

La obsesión por el sexo del investigado llegó a tal extremo, según describe su exesposa, que la propuso mantener relaciones sexuales con otros hombres, a lo que ella se negó. Incluso, tuvo que presenciar cómo el acusado practicaba sexo con otra mujer en el domicilio conyugal.

La convivencia llegó a ser tan insoportable para la mujer que relató cómo intentó dejar a su marido, un paso que se replanteó y no llegó a dar porque familiares del hombre le habrían amenazado para que apartara esa decisión. La ruptura fue irrevocable cuando ella sufrió una paliza que la llevó hasta los servicios médicos, dadas las lesiones que presentaba.

El hombre está siendo investigado por los delitos de agresión sexual y de violencia de género, tras la apertura de diligencias por parte del Juzgado que trata de recabar datos sobre las circunstancia que rodearon la relación entre la mujer y el acusado, así como establecer si la situación de continua agresión sexual puede corroborarse mediante exámenes médicos que indiquen las secuelas físicas y psíquicas que ella pueda sufrir.

El caso está en los primeros momentos de instrucción, por lo que aún restan pruebas por recabar para constatar la versión de la presunta víctima. El delito de agresión sexual con penetración está castigado con prisión de 12 a 15 años si se considera que la discapacidad intelectual de la mujer la convierte en una persona especialmente vulnerable, tal y como establece el Código Penal. De no considerarse ese extremo, la pena iría de seis a 12 años de cárcel por cada delito.