Ochenta y tres medidas plasmadas en un proyecto de ley, dotado con 121,5 millones de euros es lo que ha puesto encima de la mesa la Junta de Castilla y León para avanzar en el camino de la conciliación de la vida laboral y familiar y la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres. De este dinero unos diez millones pueden llegar a Zamora, según la estimación que ayer realizaron los procuradores regionales del PP por Zamora Emilio Cabadas, Isabel Blanco y Manuela Crespo, encargados de ensalzar las virtudes de una norma pionera en el estado, aunque conscientes de que no va a ser la panacea para terminar con un problema tan serio como el de la conciliación de la vida laboral y familiar o la brecha salarial entre hombres y mujeres. "No es la solución, pero si un primer paso", indicó Isabel Blanco.
La norma fue aprobada en el Consejo de Gobierno de la semana pasada pretende "crear un nuevo pilar del estado del bienestar en la comunidad". La ley tiene como objetivos reforzar la conciliación de las personas y las familias, la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y la eliminación de la brecha salarial de género, impulsando un conjunto integrado de medidas adaptadas a las necesidades reales que demanda la sociedad y las personas trabajadoras para hacer efectivos dichos objetivos, teniendo en cuenta especialmente el ámbito rural.
El texto del proyecto de ley, que será remitido a las Cortes de Castilla y León para su correspondiente tramitación, ha sido acordado entre la Junta y los agentes económicos y sociales de la Comunidad y prevé 86 acciones, 51 de ellas de conciliación, 23 dirigidas a la eliminación de la brecha salarial de género y otras 12 de carácter transversal o general, explicó Blanco. La procuradora destacó que es una ley adaptada a la realidad territorial de Castilla y León que da especial prioridad al ámbito rural, con objetivos como fomentar la natalidad para evitar la despoblación especialmente en zonas rurales o establecer el impulso a la creación de centros infantiles de 0 a 3 años.
