La declaración de inconstitucionalidad del pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal, en las ventas de viviendas con pérdidas, y su posterior ratificación por parte del Tribunal Supremo, obligaría a los ayuntamientos zamoranos a devolver al contribuyente 8,1 millones de euros. La reciente sentencia del alto tribunal ha echado por tierra el pago de este impuesto en transacciones sin beneficio para el vendedor, considerando que supone vulnerar el principio de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien. Todos los ciudadanos que se hayan visto afectados por esta situación durante los últimos cuatro años podrán reclamar ahora a sus ayuntamientos la devolución de ese dinero. En la provincia, la cifra podría ascender a 1.800 operaciones.
Los ciudadanos que tienen derecho a efectuar la reclamación son todos aquellos que desde 2013 hayan vendido, donado o heredado inmuebles urbanos en estas circunstancias de pérdida de valor. Más allá de esa fecha, la devolución no cabe porque se considera que ha prescrito.
