Su ausencia fue más notable que su presencia. El vacío que presentó ayer el asiento de Ángel Prada en el Antiguo Hospital de la Encarnación protagonizó el Pleno de carácter extraordinario convocado ayer en la Diputación de Zamora, el primero celebrado tras conocer la condena por prevaricación administrativa de la Audiencia Provincial que inhabilita al diputado no adscrito a ejercer cargos públicos durante siete años por consentir que su hija ocupara dos puestos de trabajo públicos a sabiendas de que eran incompatibles.

Su no asistencia podría haber estado motivada por el fallo judicial. Sin embargo, al término de la sesión plenaria la presidenta de la Diputación Mayte Martín Pozo confesó desconocer las causas de su no comparencia -y que este diario también ha intentado averiguar, aunque sin éxito- ya que Ángel Prada aún no ha entregado el acta de diputado como dicta la sentencia, que es firme. Es más, la regidora provincial aseguró haberse enterado de la resolución judicial a través de la prensa. "Conocemos la noticia de la sentencia a través de ustedes, por los medios de comunicación. Aquí no se ha recibido notificación ninguna por parte del Juzgado de la inhabilitación", manifestaba.

Eso sí, en defensa de la institución, Martín Pozo recordó el cese de todos los cargos que ostentaba el político sanabrés cuando se decretó la apertura del juicio oral a instancias del equipo de Gobierno. "Obviamente, cuando se conoció que se abría el juicio oral, desde el equipo de Gobierno se le quitaron todas las responsabilidades que era lo que a nosotros nos correspondía, igual que él luego tramitó la baja del partido", rememoró.

Pero en el actual contexto, la actuación de la Diputación queda en manos de terceros. Así las cosas, desde la Encarnación se mantendrán a la espera. Bien a que Prada deje su acta de diputado o bien a que la Audiencia Provincial le comunique la sentencia para iniciar en ambos casos el procedimiento establecido de sustitución.

"Si él renuncia, que es un acto personal, nosotros obviamente pondremos en marcha todo el procedimiento", anunciaba la regidora provincial. "Si no se produce la renuncia, yo tengo que esperar a que el Juzgado de lo Penal notifique a esta institución que por sentencia firme está inhabilitado. En ese momento, daríamos conocimiento de la resolución a este Pleno y se acordaría pedir las certificaciones a la Junta Electoral Central", concluía.