El Juzgado número 6 de la capital que absorbe todas las demandas contra la banca por cláusulas suelo y gastos hipotecarios ha recibido en su primer año de funcionamiento 1.092 asuntos hasta junio, un volumen de actividad que mantiene saturado al órgano de Primera Instancia e Instrucción, que atiende otras cuestiones civiles y penales, además de realizar guardias semanales sin que el Ministerio haya accedido a aumentar la plantilla de funcionarios.
Si se mantiene la misma proporción de demandas, es más que probable que al concluir este ejercicio hayan pasado por las manos de las dos juezas más de 1.500 asuntos, un número superior a las causas que se venían tramitando en vía penal y civil en cada ejercicio en este órgano unipersonal, creado para aliviar la carga que tenían los otros cinco existentes en la capital y que se colapsó en medio año, tras las nuevas competencias que le obligó a asumir el Ministerio de Justicia.
La magistrada titular y la de apoyo han dictado ya 550 sentencias del 1 de enero al 25 de julio solo de asuntos relacionados con cláusulas suelo, un volumen muy superior a la media anual que se venía registrando para todo tipo de causas civiles, lo que ilustra el incremento de trabajo que ha perjudicado de forma importante la agilidad de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la capital.
La previsión es que a 31 de diciembre de este año se haya resuelto un millar de asuntos, fallos judiciales que, cuando menos, triplicarán las cifras anteriores a que el órgano judicial tuviera que asumir estos pleitos. En 2017, se dictaron 450 sentencias, si bien en esa cifra se incluyen no solo asuntos relativos a las cláusulas suelo, sino a otras infracciones civiles.
Otro problema que preocupa muchos a la juez titular y a los funcionarios es la ejecución de las sentencias, un trámite que conlleva numerosas gestiones y papeleo para que la entidad financiera condenada a devolver el dinero cobrado ilegalmente con las cláusulas suelo y los gastos de hipoteca pague al cliente perjudicado, al demandante. En la actualidad, hay casi 300 ejecutorias en marcha para obligar a cumplir las sentencias a bancos y cajas de ahorro que dilatan el mandato judicial. Este número "supera las ejecuciones que se vienen realizando cada año", apuntan fuentes próximas al Juzgado.
Las dos magistradas suman una media semanal de 35 audiencias previas y juicios, lo que supone una carga de trabajo más que importante, dado que cada mes celebran del orden de 140 vistas para dictar sus sentencias, muchas en la propia audiencia previa al allanarse la entidad financiera a las pretensiones del cliente que le ha demandado y acceder al pago de las cantidades cobradas indebidamente gracias a la cláusula suelo. La cantidad de sentencias rondarían las 1.500, casi cuatro veces las dictadas en vía civil anualmente para resolver todo tipo de litigios.
A la vista de estas cifras, la principal reivindicación de la jueza, letrado de la Administración de Justicia (antiguo secretario judicial) y funcionarios sigue siendo la creación de un juzgado bis o, al menos, de una oficina que trabaje con la juez de apoyo para agilizar la resolución y ejecución de las demandas interpuestas por los consumidores a los que perjudicó la praxis de la banca.
La amenaza del colapso del Juzgado planeó desde el primer mes, como se preveía por la repercusión de la sentencia del Tribunal Europeo que daba el pistoletazo de salida para que los ciudadanos demandaran a sus bancos y cajas, tras fijar en 2009 la fecha para aplicar el carácter retroactivo a la devolución del dinero procedentes de las cláusulas suelo. En solo ocho días hábiles de septiembre de 2017, el Juzgado número 6 de Zamora recibía 59 reclamaciones, una cadencia frenética que desde el uno de junio dejó 453 demandas. La titular del Juzgado, Isabel Aguado García-Luján hablaba de una "situación dramática" ya al comenzar a asumir las competencias que, lejos de superarse, se mantiene.
El Ministerio sigue sin cumplir la promesa del juzgado bis, con la sola ampliación de horario laboral para dos funcionarios de los cuatro que solicitó la juez y para el letrado de la Administración de Justicia, una medida "totalmente insuficiente", a juicio de la magistrada, visiblemente preocupada por la grave situación que se avecinaba y que la reclamación de los gastos de constitución de la hipoteca solo haría que empeorar, como se constatará en breve.
Para suplir esa falta de personal, el Consejo General del Poder Judicial eximió al órgano judicial de enero hasta junio de este año de la tramitación de cualquier asunto civil, que se han repartido entre los cinco juzgados restantes, aunque para entonces el número 6 tenía ya casi 600 registradas de 2016, para resolver junto a las específicas sobre las condiciones y gastos de constitución de las hipotecas.
