A un ritmo superior a la veintena de juicios por semana, con cientos de demandas sobre la mesa, el Juzgado número 6 de Zamora no logra salir del colapso en el que se ha visto envuelto desde que el Tribunal Europeo confirmara el carácter retroactivo de la nulidad de la cláusula suelo desde el año 2009. La necesidad de crear una oficina paralela a la civil para que las sentencias de la juez de apoyo puedan ser ejecutadas y controladas con agilidad continúa siendo una asignatura pendiente del Ministerio de Justicia. Sin esa oficina adscrita a sus funciones, la juez de apoyo alivia la carga del Juzgado número 6, pero no deja de ser un mero parche, especialmente si el Ministerio insiste en no nombrar funcionarios para formar esa oficina paralela.
La magistrada titular, Isabel Aguado García-Luján, ha efectuado esa petición en diversas ocasiones para salir de la situación de "colapso" y dar respuesta en un tiempo prudencial a las demandas que llegan. El juzgado bis "sería lo ideal, era lo previsto", declaraba la magistrada del número 6, Isabel Aguado García-Luján, que también debe resolver las denuncias penales que le llegan y la demandas civiles de todo tipo, así como ejecutar sentencias de tales casas y controlar el cumplimiento de las mismas.
La juez de apoyo comenzó a trabajar el 20 de noviembre de 2017 y tiene dos días a la semana vistas orales únicamente para resolver los asuntos de cláusulas suelo, con una cadencia de resolución que solo serviría de lago si los funcionarios pudieran absorber el volumen de trabajo para tramitar los asuntos y ejecutar las sentencias en un tiempo adecuado. La oficina civil del Juzgado está igualmente saturada desde antes de que el Ministerio aprobara la dotación económica para nombrar a la juez de apoyo.
