La gestión de los aparcamientos subterráneos de la plaza de la Constitución y el parque de San Martín ha traído de cabeza a los diferentes equipos de Gobierno durante los últimos veinte años. La historia se remonta al año 1999, cuando el Ayuntamiento de Zamora adjudica un contrato para la gestión del servicio de la ORA y la construcción y explotación de los aparcamientos subterráneos de la plaza de la Constitución y el parque de San Martín. La empresa Urbaser-Dragados se hace con el contrato e inicia las obras en los parkings. Y casi inmediatamente, otra de las concurrentes, la empresa Dornier, recurre el proceso. En septiembre del año 2004, el TSJ-CyL anula la adjudicación realizada en su día en favor de Urbaser-Dragados por no existir anteproyecto económico. En este momento, el Ayuntamiento de Zamora trata de revertir la situación con un recurso de casación y el asunto llega hasta el Tribunal Supremo dos años más tarde, donde finalmente se dilucidan las responsabilidades del conflicto.
En octubre de 2006, el Tribunal Supremo rechaza el recurso de casación y no solo declara nulo el contrato realizado en el año 1999 sino que condena en costas al Ayuntamiento de Zamora. La empresa es obligada a seguir prestando el servicio por interés público, pero el contrato deberá salir nuevamente a licitación a la mayor brevedad posible, aunque no lo haría hasta once años más tarde. El acuerdo entre el Ayuntamiento y la adjudicataria era que esta última se comprometía a costear la construcción de los aparcamientos a cambio de explotarlos durante 35 años. Al declararse nulo el contrato y estar ya construidos los parkings, la firma reclama 20 millones de indemnización.
