Los dos camiones que un empresario zamorano adquirió por el sistema de "leasing" a la firma DAF y que debía haber devuelto por impago podrían haber acabado vendidos en el extranjero, según se deduce de la declaración de uno de los testigos, un intermediario de compra venta de automóviles. El misterio del paradero de los camiones no está, sin embargo, resuelto, lo que podría costar hasta cinco años de cárcel y el pago de 86.500 euros al empresario de Sanpitrans, R.S.C.P., que se enfrenta a la petición de la acusación particular en el juicio que se celebró ayer en la Audiencia Provincial y que se aplazó hasta el 10 de julio por la incomparecencia de un testigo clave, la persona que figuraba como administrador de la sociedad.

Durante el juicio el Ministerio Fiscal, que pide dos años de prisión para el empresario por apropiación indebida, dirigió sus preguntas a los testigos para demostrar que era R.S.C.P. el que controlaba de forma efectiva Sanpitrans, aunque figurara inicialmente su hija como administradora y luego una segunda persona, el testigo que falló ayer, y él se presentara como "un simple asesor" o ayudante. Los empleados de la firma en el momento de los hechos indicaron que el empresario tuvo anteriormente otra empresa, Gasóleos Fontanillas y tras fracasar montó Sanpitrans, aunque no figuraba con su nombre porque arrastraba deudas de la anterior firma. Adquirió ocho camiones a la firma DAF, cuatro subrogados de Gasóleos Fontanillas y otros cuatro por el mismo sistema de "leasing" con posterioridad. DAF sirve los camiones en 2007 un año después reclama su devolución, ya que Sanpitrans dejó de pagar las letras y tampoco ejerció su derecho a quedarse con las cabezas tractoras en propiedad una vez transcurridos los cuatro años del "leasing". Un primer juicio civil ordenó a R.S.C.P. a devolver los camiones, y dos de ellos los entrega, pero no los otros dos, y por ello la acusación particular pide para él dos años de prisión por estafa y tres por apropiación indebida, además del pago de los 86.500 euros que valían los camiones.

La defensa del empresario pide la libre absolución porque según relata el acusado, los dos camiones estaban en un taller para cambiarles las ruedas y su propietario no le dejó sacarlos de allí hasta que no abonara las facturas pendientes. Los camiones se los quedó por tanto el taller para cobrarse las deudas y el empresario de Sanpitrans desconoce dónde fueron a parar. El dueño del taller reconoció que exigió al empresario el pago de la reparación para entregarle los camiones, pero sólo de esa última y de hecho se la abonó y dos chóferes fueron a recuperar los camiones. "Todavía me debe 27.000 euros de reparaciones pendientes", indicó. La letrada fijó el valor de los camiones en 24.000 y 25.000 euros, mucho menos de lo establecido por el perito. En el juicio salió a relucir una supuesta factura de venta de uno de los camiones a una empresa de Algete, en Madrid, por un precio de cinco mil euros.