Ante la pregunta del Ministerio Fiscal sobre si era consciente de que estaba cometiendo hechos no legales, el ex jefe de la sección de control de pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Zamora reconoció sus delitos. "Llevaba mucho tiempo con esta carga, pero interiormente ahora me siento liberado", confesó en la sala de la Audiencia Provincial, donde se le procesaba por restaurar la pensión de su abuelo fallecido -que en la actualidad tendría 120 años- e incrementar el subsidio de su padre, difunto desde 2011, para apropiarse de ambas.

Desde Fiscalía también se le preguntó en qué había gastado todo el dinero acumulado, que ascendía a 35.949 euros de la pensión del padre y 549.591 euros de la del abuelo, puesto que había cambiado el régimen de incapacidad permanente a gran invalidez, para aumentar la cuantía entre 2000 y 2016. "Lo he gastado en diferentes cosas, como el juego. El dinero no lo tengo, porque tenía muchas deudas", indicó.

Su puesto de trabajo en la Seguridad Social le "facilitaba" realizar todos estos cambios a su antojo, con actuaciones que detalló durante el juicio. "Mis compañeros nunca se enteraron ni tuvieron nada que ver con todo esto. De hecho, la firma que hay de una de ellas fue un abuso de confianza, yo no la falsifiqué", explicó a la sala.

Aparte de la manipulación de las pensiones de su padre y abuelo, el acusado también tramitó un subsidio de viudedad y otro de orfandad a la camarera de uno de los bares que frecuentaba en la capital. Ambas ayudas se cobraban en dos cuentas bancarias en las que el investigado figuraba como autorizado. "Estaba en la cartilla porque yo le había prestado dinero, entre 14.000 y 15.000 euros, y esta era una forma de que me lo devolviera", justificó. Como ya hiciera con sus compañeros, el acusado exculpó de toda actuación ilegal a la mujer. "Yo me ofrecí a ayudarla, ella no intervino para solicitar ninguna ayuda, la he perjudicado muchísimo y lo ha pasado muy mal", lamentó.

Tras las declaraciones de los dos acusados -el ex trabajador del INSS y la mujer a la que había tramitado dos pensiones también de manera fraudulenta- llegó el turno de los testigos, la mayoría de ellos compañeros de departamento del acusado. Todos ellos se mostraron sorprendidos al conocer los delitos cometidos por el acusado. "Era un buen compañero y un gran conocedor de las transacciones. De hecho, era una persona muy hábil con el programa y siempre acudíamos a él cuando teníamos algún problema al respecto", relató uno de los testigos. "Me he llevado un gran disgusto", añadió otra empleada del INSS, que estuvo trabajando a su lado durante 25 años, al tiempo que aseguró que siempre había tenido "un comportamiento ejemplar".

Durante las conclusiones finales, tanto el Ministerio Fiscal como el abogado del INSS corroboraron las penas inicialmente solicitadas, que oscilan entre los catorce y 18 años de prisión como autor de un delito de disfrute indebido de pensiones públicas y de falsedad en concurso medial con estafa.

Por su parte, la abogada que defiende al principal sospechoso, que en un principio había solicitado seis años y un día de cárcel por el delito continuado de estafa, así como la libre absolución para el resto de delitos, cambió su petición a dos años de privación de libertad por el cobro indebido de prestaciones de la Seguridad Social.