El exjefe de sección de control de pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Inss) se enfrenta a 14 años de prisión por restaurar la pensión de su abuelo fallecido para seguir cobrándola y quedarse con 549.591 euros entre 2000 y 2016, así como la de su padre para incrementar su valor entre 1995 y 2011, con lo que percibió indebidamente 35.946 euros, de las que está también acusado de disfrutarlas indebidamente por la Fiscalía. Asimismo, el Ministerio Público exige para el empleado público, que reconoció los hechos, 7.200 euros y la imposibilidad durante 6 años de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

La Audiencia Provincial, que juzga hoy al funcionario del Inss, de iniciales C.Ch.V., tendrá que decidir si la indemnización que debe pagar a la Administración estatal los 549.591 euros que se llevó con las pensiones de su abuelo y su padre, más la parte proporcional de los 19.259,77 euros provenientes de la cuantía defraudada junto a su amiga, M.M.P., a la que preparó una pensión de viudedad y otra de orfandad para su hijo.

La Fiscalía solicita la pena de 6 años de prisión para la mujer y la imposibilidad durante otros tantos años de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, al igual que el empleado público. La acusación pública considera probado que el jefe de la sección de control de pensiones, adscrito a la Dirección Provincial del Inss, se aprovechó de su cargo, vulneró el procedimiento legal de forma consciente, con datos falsos y documentación alterada, como el DNI de su abuelo, para cobrar pensiones directamente o procurar que lo hicieran su padre y su amiga. La acusación pública acusa al funcionario de servirse para lograr tales fines de sus conocimientos teóricos y prácticos sobre la gestión y el conocimiento de medios para manipular el cobro de las prestaciones de la Seguridad Social.

Por su parte, el Inss exige a los magistrados de la Audiencia 18 años de prisión y multas de 17.289 euros por estafa para el exjefe de sección de pensiones por manipular la jubilación de abuelo fallecido en 1993 y quedarse con los 549.591 indicados, además de alterar la de su padre para que cobrara 35.949 euros más, cuantía que fue ingresando entre julio de 1995 y febrero de 2011. El organismo público pide como indemnización al procesado esas cantidades.

Para la otra acusada, la Seguridad Social pide 6 años de prisión y una multa de 4.320 euros para la amiga de quien funcionario de referencia del departamento de pensiones, máximo responsable de su tramitación, lo que le permitió manipular documentos públicos para rehabilitar la prestación de su abuelo fallecido e incrementar la cuantía de la jubilación del padre.

El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la capital que investigó la denuncia del Inss estimó que el funcionario podría haber cometido dos delitos continuados de falsedad en documento oficial en concurrencia con otro continuado de estafa; y dos de disfrute indebido de pensiones públicas. Ese último delito imputaba a la otra acusada, M.M.P.. El magistrado estimó que había indicios de que la mujer obtuvo una pensión de viudedad ilegal por la que ingresó 13.263 euros de forma ilegal; y otra de orfandad para el hijo menor de edad que le reportó 5.147 euros. El funcionario dio de alta las dos prestaciones en diciembre de 2015., suspendidas en octubre de 2016, cuando se descubrió el fraude. La Fiscalía, la Seguridad Social reclama en su escrito de acusación una indemnización de 19.960 euros para la amiga del excargo del organismo público. El funcionario figuraba como persona autorizada en las dos cuentas bancarias en las que su amiga y el hijo de esta percibían las prestaciones creadas al rehabilitar otras dadas de baja por el Inss. El acusado habría imitado la firma de la mujer para pedir rehabilitar la pensión, que fechó el uno de febrero de 2016, sin registrar su entrada en el Inss.