El Juzgado de lo Penal deberá decidir si condena a un vecino de la capital a pagar una multa de 7.200 euros más la reparación de los desperfectos causados a tres vehículos estacionados en la vía pública, en la calle en al que reside el ciudadano, acusado de provocarlos porque le incomodaba que se aparcara en esa zona, según la imputación de la Fiscalía Provincial.
Los responsables de la empresa de paquetería, harta de ver cómo sus vehículos aparecían con desperfectos, rayaduras en la carpintería metálica, decidió instalar unas cámaras de seguridad en la calle de Blas de Otero, donde se encuentra ubicado el negocio, destinadas a tratar de averiguar quién era la persona que se dedicaba a causar esos daños. En concreto, a dos automóviles de la empresa y a otro de un particular, un empleado de la firma.
Bajo el punto de vista de la sociedad y de la Fiscalía, las grabaciones dieron sus frutos, ya que en ellas se ve con total claridad a un vecino de la zona al lado de los turismos, moviendo el brazo en lo que la empresa interpreta como la intención de rayar los turismos, mientras que el acusado sostiene que no estaba haciendo tal gesto.
Lo cierto es que la fiscal considera que hay indicios suficientes como para imponer al hombre una multa de 7.200 euros (de 24 meses durante los que debería pagar una cuota diaria de 10 euros), además de hacer frente al gasto que ha supuesto la reparación de la chapa.
El abogado del procesado, que insiste en la inocencia de su cliente, ha puesto en duda la validez de la grabación, puesto que considera que la instalación de la cámara de tal forma que pueda recoger imágenes de la calle supondría vulnerar el derecho a la intimidad de lo ciudadanos que pasan por esta calle y, en este caso, de su cliente.
