Un embarazo complicado pero con un parto más o menos feliz. Así ha sido el proceso de adjudicación del contrato de ayuda a domicilio de la Diputación de Zamora aprobado finalmente en el Pleno de ayer tras casi nueve meses de espera.

La noticia del nuevo contrato llegó en septiembre y los preparativos comenzaron a mediados de octubre con la reunión de la mesa de contratación y la apertura de los primeros sobres para conocer el nombre de la empresa adjudicataria. Tras rechazar una propuesta por baja temeraria -esto es una oferta económica con un precio muy inferior al presupuestado-, Servisar fue el elegido.

La gestación continuó sin mayores complicaciones durante los meses siguientes y en marzo se adjudicó el contrato. Sin embargo, un mes más tarde el Grupo Socialista de la Diputación desveló que la empresa concesionaria había presentado su renuncia después de haber transcurrido un determinado plazo sin formalizar el acuerdo, una cláusula que venía recogida en el pliego de condiciones.

Pese a este contratiempo, no hubo ninguna interrupción en el servicio porque la Diputación continuó prestándolo con la empresa anterior, si bien es cierto que también siguió intentándolo. Y ayer, tras superar la recta final de este "embarazo", el Pleno ordinario de la institución provincial alumbró la adjudicación del contrato cofinanciado por la Junta por casi 14 millones de euros para los años 2018 y 2019 (prorrogables hasta 2023) a la nueva empresa: Sanivida.

El precio de 14,99 euros la hora sin IVA y las mejoras del servicio ofertadas fueron algunos de los criterios valorados de su propuesta, la más ventajosa de todas cuantas fueron presentadas (un total de seis). David Carrión, portavoz de Ciudadanos, reconocía la "dilatación" del asunto pero se congratulaba por su resultado: "Es cierto que este proceso se ha dilatado más de lo que todos esperábamos (?), es cierto que existe un retraso en los expedientes de los usuarios (?), no obstante, vemos que no hay ningún motivo de alarmar a la sociedad en primer lugar porque a pesar de la situación excepcional que se está viviendo en el proceso de contratación, el servicio se está prestando de manera satisfactoria", valoraba. Una opinión que no era compartida por Izquierda Unida. Laura Rivera tomó prestada la frase "Como decíamos ayer" de Fray Luis de León para olvidar la "tortuosa tramitación" al tiempo que avivó una de las cuestiones más espinosas del debate: la lista de espera que según IU ronda las 150 personas. A su entender, hay solicitudes concedidas, otras denegadas y otras en lista de espera. "Si hay denegadas, esas no tienen derecho, pero si hay concedidas en lista de espera, tienen derecho", argumentaba. Un reproche que fue rebatido por el popular Aurelio Tomás, quien insistía en que las solicitudes citadas que figuran en la lista de espera son de grado cero por lo que la prestación de servicio en estos casos no es de obligado cumplimiento: "Actualmente hay 2.017 personas que son usuarias de este importante servicio. ¿Hay lista de espera? Cero, porque las 150 personas son de grado cero y no tienen derecho subjetivo a la ayuda a domicilio", explicaba. Además, el vicepresidente tercero del órgano provincial ponía en valor el aumento del presupuesto del contrato en 1,5 millones de euros y la incorporación de nueve nueve trabajadores sociales y tres auxiliares en los Centros de Acción Social en lo que va de año: "Eso sí que supone estar involucrados y apostar por un servicio", manifestaba.

Pese a sus argumentos, para el PSOE este enrevesado proceso había vuelto a evidenciar la "gran incompetencia política" del equipo de Gobierno en este tipo de expedientes y su portavoz Antonio Plaza insistía en los retrasos: "No puede haber gente esperando tanto tiempo un servicio que necesita", lamentaba.

Pese a las distintas discrepancias, todos los grupos coincidieron en destacar la importancia de este servicio como motor de generación de empleo (unos 500 puestos) y como contribuyente a la fijación de población en el medio rural, de ahí que en el apartado de mociones la Corporación mostrara su apoyo unánime a las reivindicaciones de este feminizado sector y se ofreciera como mediador para lograr una mejora en las condiciones laborales del numeroso colectivo.

Una decena de trabajadoras sociales presenció la sesión plenaria entre la ilusión de nuevas promesas de mejora y la resignación de no atisbar cambios a corto plazo en su precaria situación laboral. "Hasta que no lo vea no me lo voy a creer, venimos aquí y siempre es lo mismo, nunca vemos resultados", declaraba Conchi García, delegada de UGT. "Queremos que se solucione nuestro convenio, que sea verdad que no hay lista de espera y que nuestro trabajo se compense, yo pierdo hora y media todos los días para desplazarme a trabajar y no me lo pagan porque dicen que no es tiempo de trabajo", lamentaba.