El acusado admitió la deuda de 3.100 euros contraída por el impago de la pensión a su único hijo, delito por el que la Fiscalía Provincial exige que se le impongan 11 meses de cárcel porque, "aunque ha tenido posibilidad de hacer frente a la obligación", el abono de 100 euros al mes, "no ha mostrado el más mínimo interés" en cumplir con ese deber.

El hombre, de iniciales L.A.G.M., procesado por abandono de familia, adujo que no había tenido trabajo fijo desde que se separó de la madre del niño en diciembre de 2014 para poder hacer frente a los pagos mensuales, si bien reconoció que tuvo empleos esporádicos de "días sueltos, un mes, dos meses", pero no trabajo fijo entre esa fecha y octubre de 2017.

Ante esa situación económica que describió tampoco solicitó al Juzgado que llevó su divorcio la modificación de las medidas que fijaban la pensión del hijo en el 25% de sus ingresos, manifestó a preguntas del fiscal, durante el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal. "Tengo que pedir la modificación", declaró, "porque mi mujer", su nueva pareja, "cobra una ayuda" y tienen un bebé de cinco meses. Durante su interrogatorio especificó que lleva ocho meses sin ver a su hijo, quien "no desea" estar con su padre, manifestó la expareja que compareció como testigo en el juicio, "porque vive conmigo y no el falta de nada".

El abogado del acusado pidió la absolución porque este no percibe "ayudas públicas" y "no existe voluntad de no pagar", sino imposibilidad por su situación, "no tiene ni el mínimo vital cubierto" para lo que indicó que "vive con sus padres".

"No he visto un duro"

Su exmujer corroboró que "nunca ha pagado", aunque sí veía al niño con frecuencia, "pero yo no he visto ni un duro. El Ministerio Fiscal reprochó al progenitor su conducta y llegó a decir en sus conclusiones que "no es excusa" para no pasar la pensión de alimentos al pequeño "que no le falte de nada". El abogado de la defensa subrayó que la madre del pequeño no tuvo nunca intención de denunciar a su cliente, denuncia que tuvo lugar en enero de 2017 después de que el acusado no entregara a su hijo después de un visita, lo que llevó a su excompañera sentimental a avisar a la Policía Nacional. Cuando los agentes interrogaron a la mujer le preguntaron sobre el cumplimiento de las medidas impuestas por el juez, entre ellas la del pago de alimentos, por lo que informó de que incumplía esta medida. Los policías actuaron de oficio al abrir diligencias por un presunto delito de abandono de familia que dio lugar a la apertura de la investigación del Juzgado, que finalmente dictó auto de procesamiento y apertura de juicio oral.