Los mismos testigos propuestos por el proyectista y promotor de la biorrefinería que pretende ubicarse en Barcial del Barco, Vicente Merino, negaron ante la Fiscalía Provincial que nadie exigiera "mordidas" o comisiones de entre el 20% y el 25%, ni que hubiera "presiones" por parte de las personas denunciadas "para obtener un beneficio económico para sí mismos", amparándose en "influencias ante altas instancias de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León".
En sus comparecencias ante el fiscal jefe, Rafael de Vega Irañeta, las personas interrogadas manifestaron que lo que se produjo fue "una negociación" para "buscar financiación" que permitiera poner en marcha la biorrefinería y que, en ese contexto, las personas que participaron, entre las que no mencionan a ningún industrial zamorano, efectuaron "ofertas de participación en la empresa", en las que se inscriben los porcentajes mencionados, de acuerdo con los fundamentos de derecho esgrimidos en el archivo de la investigación abierta por la Fiscalía. De Vega Irañeta indica en su escrito que los testigos afirmaron que "las ofertas de participación en la empresa a cambio de un porcentaje del 20 y 25% del capital no tenían como fin una medida de presión por parte de los denunciados basado en supuestas influencias ante altas esferas de la Consejería de Economía", en concreto Merino llegó a mencionar al desaparecido Tomás Villanueva.
Sin embargo, las personas que fueron interrogadas durante la investigación de la Fiscalía precisaron, asimismo, que esas ofertas de participación, que se producen siempre que se solicita capital para financiar un proyecto, no se realizaron "con el fin de obtener un beneficio económico" para quienes participaron en esas conversaciones "o para altos cargos de la Administración Autonómica".
La patente
La Fiscalía archiva también la denuncia contra la Azucarera Española S.A. y la entidad pública impulsora del sector agrícola Itacyl respecto de la supuesta apropiación de la patente, el posible delito contra la propiedad intelectual, en este caso, de Vicente Merino, al considerar que "en ningún momento se ha acreditado la presunta vulneración" de la misma. En ese sentido, el fiscal jefe indica que "simplemente se citan documentos de diversas negociaciones con empresas del sector y proyectos de otras empresas distintas a las mencionadas como denunciadas".
Además, De Vega Irañeta se refiere a la presentación de "recortes de prensa, actas de organismos autónomicos, sin que del contenido de las mismas se pueda concluir la comisión de un ilícito penal", es decir, la existencia de un delito. El Ministerio Público estima que esos documentos vienen a poner de manifiesto "las reiteradas quejas que realiza siempre en las denuncias" el promotor y creador de la biorrefinería, relativas a "la obstrucción y torpedeo que se ha llevado a cabo contra su proyecto de las que dice ser víctima".
Se hace mención, además, a correos electrónicos en los que se menciona que el sistema de transformación del producto en gasoil que patenta "ha sido objeto de estudio en diversas publicaciones científicas francesas, por lo que las negociaciones con la empresa Azucarera no llegaron a buen término". Este tipo de mensajes aparecen en "cartas fechadas en el mes 14 de marzo y el 30 de mayo de 2006, dirigidas por la Azucarera Española al denunciante y de requerimientos entre las partes, sin que haya podido acreditar la vulneración de patentes denunciada".
La diligencias comenzaron en en mayo de 2017, tras la denuncia de Merino contra cargos públicos y personas a las que acusaba de obstaculizar la implantación de la biorrefinería.
