La acusación particular, que representa a una de las víctimas considera el caso totalmente acreditado, con pruebas concluyentes de la conducta delictiva del padre y por eso mantuvo en su alegato la petición de pena igual a la del fiscal, diez años por cada uno de los 416 delitos de agresión sexual y 15 años por cada uno de los 96 delitos de violación, lo que suma 5.600 años, o bien alternativamente si se considera continuados, 15 años por agresión sexual y veinte por violación, lo que supone un total de 35 años. La indemnización es sustancialmente más alta que la solicitada por el fiscal, y suma 630.000 euros por daños morales.
La petición de indemnizaciones del abogado de oficio que ejerce la acusación particular son sustancialmente más altas a las que reclama la acusación pública que pide, además de las condenas de cárcel, indemnizaciones de 30.000 euros para la mayor de las hijas y 6.000 euros para la que todavía es menor de edad.
Por su parte el abogado defensor mantuvo la petición de absolución para su patrocinado, debido a la falta de pruebas para sostener una condena.
Además del acusado y las presuntas víctimas, hubo numerosos testigos que declararon ante el tribunal, muchos de ellos de la acusación y varios familiares directos del acusado. Así, los primeros llamados a testificar fueron el trabajador social y la psicóloga del Ayuntamiento y a continuación los diferentes testigos, tres mujeres y un hombre, además de dos jóvenes. No fue necesario el testimonio de otro joven que esperaba también su turno como testigo. El juicio se prolongó durante toda la mañana, ya que tras la toma de declaraciones, se produjo un receso antes de que las partes reflejaran sus conclusiones ante el tribunal.
